Accionistas minoritarios de Pescanova, personados como acusación en la causa contra Manuel Fernández de Sousa, han presentado este lunes un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicitan la prisión provisional para el expresidente de la pesquera y la imputación del presidente del cervecera Damm, Demetrio Carceller, y de su hermano José Carceller.

Así lo recoge el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el despacho de Joaquín Yvancos ha solicitado la adopción de prisión provisional eludible bajo fianza para Manuel Fernández de Sousa para garantizar su comparecencia en el juicio, así como para evitar la ocultación, alteración o destrución de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento.

El bufete también solicita medidas similares para Fernando Fernández de Sousa, Pablo Javier Fernández Andrade, Joaquín Viña, Alfredo López Uroz, José Antonio Pérez Nievas, Antonio Taboas, Manuel López, Antonio Casas, José García y Alfonso García Calvo, todos ellos imputados en la causa.

Por otro lado, se ha pedido la imputación de José Carceller y Demetrio Carceller como representantes de la cervecera Damm, Francois Tech (Luxempart), Ana Belén Barreras Ruano (Transpeca) y Yago E. Méndez, consejeros de Pescanova, que han comparecido como testigos por "su participación activa en la aprobación de las cuentas de la entidad y que, como se ha podido comprobar en la instrucción practicada, estaban manipuladas y falseadas, siendo dichas cuentas avaladas por los miembros del Consejo de Administración".

En el escrito presentado en la Audiencia Nacional, la acusación ha pedido la celebración de un careo entre Santiago Sañé, socio auditor de BDO Auditores, y Joaquín Viña, jefe de auditoría de Pescanova, ante "las divergencias en las declaraciones realizadas en su comparecencia" ante el Juzgado Central de Instrucción, sobre la práctica auditora de las cuentas anuales de Pescanova.

Nuevos testigos

El despacho de abogados también ha solicitado que declare en calidad de testigo el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu Creus, para "conocer la información que poseía la entidad que permitió realizar ventas masivas de los títulos de propiedad, entre los días 26 y 28 de febrero de 2013", días previos a la suspensión de la cotización de la firma pesquera.

También ha solicitado la declaración en calidad de testigos de Eduardo Fernández Pellicer, responsable de organización e informática de Pescanova; de Oligario Casal Cabadeiro, jefe de contabilidad de Pescanova y administrador apoderado mancomunado de Novapesca, y de su hijo, Pablo Casal Antón, que trabaja en la oficina principal de BBVA en Vigo, y de su hermano Francisco Casal Cabadeiro.

En el escrito se ha pedido que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) remita todas las transacciones realizadas por Pescanova desde el 1 de enero de 2013 hasta el 13 de marzo, así como que se trasladen los papeles de trabajo de BDO a KPMG para que se realicen las "amplicaciones necesarias" del informe 'forensic' con el objeto de "ampliar su análisis e investigación que permita contribuir al fin para el que fue contratada".

También se ha requerido a Pescanova que aporte toda la información relativa al contrato de préstamos de 6 millones de euros formalizado entre Manuel Fernández de Sousa, a través de la sociedad Sodeco, y Pescanova, reintegrado por esta última el 1 de marzo, fecha de presentación del preconcurso.

La acusación ha pedido la imputación del secretario no consejero del actual consejo de administración de la pesquera, César Mata, por "presuntos delitos de falseamiento de información económica-financiera, delitos de falseamiento de cuentas anuales y por administración fraudulenta o desleal".

El magistrado Pablo Ruz investiga el presunto falseamiento de las cuentas de Pescanova e imputa a su expresidente, seis consejeros y tres directivos delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de las cuentas anuales y uso de información relevante.

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