La Diputación de Segovia recibirá 200.000 euros del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) para la contratación de personas en situación de exclusión social, a través de convenios con ayuntamientos de la provincia, para acometer obras y servicios de interés general y social.

La concesión de esta subvención se ha dado a conocer este lunes en la Junta de Gobierno de la Corporación provincial. La ayuda permitirá formalizar contratos de trabajo previa suscripción de un convenio con ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes, según han informado fuentes de la Diputación.

Los beneficiados de esta partida serán preferentemente trabajadores en situación de exclusión social, es decir, perceptores de renta garantizada de ciudadanía y aquellas personas que hayan agotado prestaciones.

En este segunda caso, éstas deben integrarse entre los siguientes colectivos: mayores de 50 años que hayan permanecido como demandantes de empleo en el ECyL al menos durante 24 meses ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la contratación subvencionada; víctimas de violencia de género, accidente de trabajo o enfermedad profesional; participantes en el Programa Personal de Integración y Empleo; personas cuya situación de desempleo sea consecuencia de un despido colectivo autorizado por la autoridad laboral o comunicado a la misma y que haya tenido lugar en algún centro de trabajo de Castilla y León, así como extoxicómanos rehabilitados, expresidiarios y personas pertenecientes a minorías étnicas.

Los trabajadores contratados deberán estar desempleados e inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el servicio regional de empleo, en la fecha de alta en la Seguridad Social del trabajador.

Las contrataciones serán realizadas por la entidad beneficiaria. En cuanto a las obras o servicios que se acometerán, su ejecución debe realizarse en el período subvencionable hasta 31 de agosto de 2014. Deberán ser obras o servicios de interés general y social que sean competencia de la entidad beneficiaria y serán ejecutadas por las entidades beneficiarias en régimen de gestión directa o a través de los ayuntamientos que hayan firmado los correspondientes convenios.

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