La Fiscalía va a solicitar penas que suman 28 años de cárcel para tres acusados de integrar una red dedicada a tramitar de forma fraudulenta permisos de trabajo y residencia para ciudadanos de Perú, a los que cobraban cuantías que oscilaban entre los 800 y los 3.600 euros.

Los procesados, que habrían estado operando entre los años 2006 y 2008 principalmente en los municipios de Adra y El Ejido (Almería), fueron detenidos en el marco de la operación 'Criado'. La instrucción apunta a que una treintena de inmigrantes habían sido estafados por este método.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, señala a J.J.I.R. como el presunto cabecilla de la organización y le atribuye el haber ideado la estafa con la intención de obtener beneficio económico aprovechando el hecho de conocer a muchas personas de nacionalidad peruana.

Así, se habría hecho pasar ante distintos empresarios de Adra, ajenos a los hechos, como "gestor o conocedor" de los trámites necesarios para la contratación de trabajadores de este país suramericano en origen. Para esto habría contado con la ayuda de los otros dos acusados, R.S.A y E.A.C.G.

El Ministerio Público sostiene que los tres procedieron a facilitar la entrada en España de personas nacionales de Perú "de forma contraria a la ley" y que tramitaron supuestas ofertas de empleo formuladas por empresarios de la zona a favor de los inmigrantes estafados que luego cursaban ante la Oficina de Extranjería.

Resalta que, "en la mayoría de los casos", una vez que los extranjeros se presentaban en el país en respuesta a las ofertas de trabajo, "no fueron contratados ni dados de alta en la Seguridad Social por tales empresas que —añade— muchas veces ignoraban la supuesta contratación realizada".

La Fiscalía interesa para J.J.I.R. penas que suman 12 años de cárcel como presuntos autores de delitos continuados de estafa, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental ya que, al parecer, imitó en al menos seis ocasiones la firma de empresarios para tramitar la oferta de empleo.

Para R.S.A. y E.A.C.G., quienes se sentarán en el banquillo junto al principal acusado ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería en febrero de 2014, solicita penas que suman ocho años de cárcel para cada uno como presuntos autores de delitos continuados de estafa y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según informó la Policía Nacional al explotar la operación 'Criado', fue una empresaria de El Ejido (Almería) quien detectó que una persona había presentado, sin su consentimiento, ante la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Almería seis ofertas de empleo para trabajadores de nacionalidad peruana.

Por otro lado, la Policía había recibido comunicación de la Oficina de Extranjeros que informaba de indicios de fraude relacionados con la contratación de trabajadores extranjeros por la empresa de la denunciante, y que les constaban 32 expedientes de solicitudes de ofertas de empleo por parte de 15 empresas, por lo que sospecharon que dichas solicitudes podían haberse realizados por personas ajenas.

Así se detectó a J.J.I.R., el cual se presentaba como tramitador y se ofrecía a los empresarios para contratar a ciudadanos peruanos, encargarse de la gestión del papeleo, pedir cita en la Oficina de Extranjeros y acompañarlos a presentar la oferta de empleo.

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