El juicio por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude que se ha seguido contra la exalcaldesa de Plasencia Elia María Blanco los concejales Francisco Barbancho, Mónica García, los exconcejales Blas Raimundo, Pablo Sánchez y Enrique Tornero, así como contra el constructor José Antonio Romero, ha quedado visto para sentencia en la tarde de este sábado, día 16.

Durante la mañana y la tarde, tanto la Fiscalía como la defensa ha presentado sus conclusiones finales, siendo las de la defensa la absolución de los acusados.

Una absolución que se ha pedido porque no se cumplen a juicio de los siete abogados de la defensa algunos de los tipos del delito de prevaricación, bien en su vertiente de conocimiento, ya que según la defensa los acusados no tenían acceso, no vieron, no pusieron en su conocimiento ninguna de las objeciones de el interventor municipal, por lo que no podían intuir que se estaba procediendo no acorde a derecho.

Por ese desconocimiento, según han argumentado, tampoco podían saber los acusados que estaban actuando injustamente, motivo por lo que el delito de prevaricación no sería el tipo delictivo aplicable, y se tendría que haber acudido al contencioso administrativo por una irregularidad procedimental en la contratación, pero no a un procedimiento penal.

De la misma manera la defensa ha argumentado que no se ha podido probar ni que el constructor José Antonio Romero, ni la exalcaldesa, ni los concejales hubieran acordado del otorgamiento de obras al primero por el procedimiento de contratos menores, ni de que el constructor influyera en los mandatarios públicos para hacerse con esas obras, ni que la alcaldesa obligara a los concejales a contratar con el constructor, por lo que no habría delito de tráfico de influencias.

Delito de "fraude"

Sobre el último de los delitos de los que se acusa a los implicados, el de fraude, los abogados defensores han argumentado que según los informes periciales encargados por las partes en algunos de ellos no se ve que haya un dolo para la hacienda municipal, ya que los precios que se pagaron por las obras coincidirían con los de mercado o serían inferiores a los precios de mercado, por lo que la hacienda municipal habría salido beneficiada.

Por ello, según han explicado, al no existir dolo, ni intencionalidad no podría aplicarse tampoco el supuesto de delito de fraude en la actuación de los mandatarios.

Algo que ha dejado claro tanto la defensa como el ministerio fiscal es que en ningún momento se han dado indicios de "apropiación indebida" por lo que queda fuera de la causa y del objeto de discusión que los acusados hayan recibido dinero o favores ni del constructor por las obras o del consistorio.

Los últimos actuantes en este proceso han sido los propios acusados que en su mayoría no han tenido nada que añadir, salvando la excepción de Francisco Barbancho que ha proclamado su "honestidad e inocencia" al igual que Pablo Sánchez o José Antonio Romero.

El único que ha tratado de tomar la palabra para mayor abundamiento ha sido Blas Raimundo quien ha expresado que además de la causa penal abierta, también hay "un juicio popular" debido a la retransmisión por televisión del juicio en diferido y que pedía al fiscal "que hablara más alto...", momento en el que la magistrada de la sala le ha recordado que no puede dirigirse a ningún miembro del plenario y ante ello el exconcejal ha proclamado su inocencia y ha concluido la vista.

Durante los cuatro días que ha durado esta vista oral han declarado más de 35 personas, incluyendo a los acusados, testigos y peritos en un procedimiento judicial que ha durado 4 años y por el que se piden penas de entre uno y tres años y medio de prisión para los acusados, inhabilitaciones de hasta 26 años para función de cargo público y sanciones que superan los 500.000 euros para 3 de los acusados.