Adicae ve el anteproyecto de ley hipotecaria andaluza "un paso adelante" pero pide una moratoria de hasta tres años

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha valorado el anteproyecto de Ley de la Junta de Andalucía para la Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria sobre la Vivienda, que se prevé sea aprobado por el Parlamento autonómico en los próximos meses, aunque reclama, entre otras medidas para atajar este problema, "que se imponga una moratoria hipotecaria de entre uno y tres años que salvaguardaría los derechos de los consumidores en este ámbito".

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha valorado el anteproyecto de Ley de la Junta de Andalucía para la Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria sobre la Vivienda, que se prevé sea aprobado por el Parlamento autonómico en los próximos meses, aunque reclama, entre otras medidas para atajar este problema, "que se imponga una moratoria hipotecaria de entre uno y tres años que salvaguardaría los derechos de los consumidores en este ámbito".

Según informa Adicae en un comunicado, en una jornada sobre protección de los derechos de los consumidores y usuarios en la contratación hipotecaria de la vivienda celebrada en el Centro Cívico Entreparques de la sevillana barriada de Pino Montano, la Asociación ha analizado con especialistas en el tema este problema, que afecta a miles de consumidores en todos el país.

De hecho, Adicae, tal y como apuntó su coordinador en Andalucía, Rafael Fernández, ha elaborado una proposición para elevarla al Parlamento e introducir una modificación en la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de modo que se introduzca en su artículo 87 "la consideración como abusivas las cláusulas suelo que tengan suelo pero no techo, y de las que tengan cuatro puntos o más de diferencia entre el suelo y el techo".

En cuanto al anteproyecto de ley, según manifestó la representante de la Plataforma Hipotecaria de Adicae en Sevilla, Carmen Gutiérrez, "su protección debería ampliarse a todos los préstamos cuya garantía sea un bien inmueble y no sólo a la vivienda, además de que el texto legal debería advertir explícitamente al consumidor de todos los perjuicios que le puede acarrear, llegado el caso, la exigencia de ejecutar la garantía del préstamo, ya que en caso contrario se podría incurrir en una evidente falta de transparencia del contrato". "La omisión de los derechos no facilita la defensa del consumidor", ha indicado Gutiérrez.

"No menos importante es la tendencia de las entidades a forzar, prácticamente, al consumidor a contratar productos financieros vinculados a la hora de firmar su hipoteca", añade. En este sentido, Adicae es partidaria de la prohibición expresa de estos productos o de una regulación más estricta de los mismos.

Asimismo, la asociación aboga porque se le indique al consumidor el porcentaje de sus ingresos mensuales que necesitará para atender al pago de las cuotas de su hipoteca, "sin olvidar que se debería el establecimiento del avalista no viene impuesto por norma alguna". Paralelamente, desde Adicae se espera que cuando el anteproyecto se convierta en ley "incluya la advertencia expresa de las labores de información que realizan las asociaciones de consumidores".

También ven "necesario" que sea obligatoria para las entidades que en la oferta vinculante de la hipoteca se incluyan las condiciones generales y financieras. Otro punto se centró en la voluntariedad de la adhesión, por parte de las entidades, al sistema arbitral de consumo contemplado en el anteproyecto y que el interés de los consumidores necesita que sea, igualmente, obligatoria. Tampoco se conoce cuáles serán las entidades que asumirán el modelo de contratación hipotecaria promovido en el anteproyecto ni si éste será obligatorio o voluntario para las mismas.

En resumen, a juicio de Adicae, el anteproyecto es "un paso en el buen sentido" por parte de la Administración autónoma, "pero no soluciona los problemas de fondo como el acceso al crédito o el abuso realizado por las entidades sobre los consumidores". Lamenta que "tampoco se explica en el texto legal cómo funcionarán los órganos de mediación sectorial que se pretenden crear para la solución de conflictos entre las partes, ni se indica que dichos órganos vayan a contar con las asociaciones de consumidores, las entidades y las administraciones para aportar soluciones a los afectados por problemas en el ámbito hipotecario".

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