El PSOE-A defenderá una proposición no de ley en el Parlamento en la que insta a la Junta a crear un grupo de trabajo a fin de abordar la incidencia que en materia de servicios sociales supone en Andalucía la reforma local planteada por el Ejecutivo central.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, también insta al Gobierno andaluz a dirigirse al Gobierno de la Nación para que se respeten las competencias reguladas por el Estatuto de Autonomía y la ley de Servicios Sociales de Andalucía, sin reducir las competencias de la red básica de servicios sociales.

Se pide a la Junta, en definitiva, que siga apoyando y manteniendo el actual modelo social en la comunidad autónoma, basado en la defensa y consolidación de los servicios sociales.

El PSOE-A recuerda en la exposición de motivos de su iniciativa que el modelo social andaluz está amparado por el Estatuto de Autonomía, que establece, como objetivo básico de la comunidad, la cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social. Además, la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, destacaba la importancia del papel de las corporaciones locales, especialmente de los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos.

"Uno de los núcleos de actuación más importantes ha consistido en la transferencia de créditos a las entidades locales para el desarrollo de los servicios sociales comunitarios, que constituyen la estructura básica del sistema público de servicios sociales de Andalucía", según los socialistas.

El PSOE-A alerta de que la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local planteada por el Ejecutivo nacional, en su objetivo de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, "erosiona la autonomía local", al no respetar las competencias municipales ni de las comunidades y al poner en peligro la prestación de los servicios sociales básicos que tanto necesita la ciudadanía en estos momentos de dura crisis económica.

Además, según añade, el proyecto presentado por el Gobierno de la nación reduce la competencia local en materia de servicios sociales a la mera "información y evaluación de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social", mientras que sólo da el plazo de un año para "desmantelar el sistema de servicios sociales de proximidad".