La Junta de Comunidades ha procedido al pago de 493.470 euros al Consorcio Ciudad de Cuenca cumpliendo así con lo comprometido para todo el año 2013, lo que supone un pago total de 2,2 millones de euros desde que la presidenta regional, María Dolores de Cospedal llegó al Gobierno.

Así lo ha anunciado el delegado de la Junta en Cuenca, Rogelio Pardo, en la rueda de prensa para explicar los acuerdos del Consejo de Gobierno, donde ha explicado que, en lo que va de legislatura, la Junta ha pagado al Consorcio la misma cantidad que los gobiernos socialistas en siete años, "un dinero que comprometían pero no pagaban" y once veces más que la aportación realizada por el Ayuntamiento de Cuenca, instando al Consistorio a pagar su parte.

El delegado de la Junta ha acusado al alcalde de Cuenca, Juan Ávila, de hacer "un ejercicio de cinismo político absoluto" al atreverse a atacar y criticar a las instituciones que están cumpliendo con lo comprometido mientras él sólo ha abonado 200.000 euros y, además, ha incrementado la deuda del Ayuntamiento con el Consorcio en 1,6 millones desde que llegó a la Alcaldía.

Por este motivo, ha adelantado Pardo, la Junta exigirá a Ávila que pague esa cantidad antes de que termine el año ya que a día de hoy es la institución que más deuda acumula con el Consorcio superando los cuatro millones de euros.

En la próxima reunión del Consorcio, que será el próximo martes día 19, Pardo ha asegurado que seguirán presionando al alcalde al entender que la única aportación que ha hecho de 200.000 euros ha sido por la presión que se le ha ejercido, pero sobre el proyecto de remodelación del muro de Alfonso VIII ha sentenciado que por la parte de la Junta tendrá vía libre.

Obras de mangana

Preguntado por el estado de las obras de la Plaza Mangana, el delegado ha explicado que hace unas semanas tuvieron conocimiento de que la empresa que las está realizando ha solicitado una ampliación del presupuesto y que habría que estudiar la propuesta tanto por los técnicos de la empresa como por los del Consorcio.

Ha puesto como límites que esa ampliación no supere el 20 por ciento del presupuesto inicial y que tampoco supere la siguiente oferta realizada en el proceso de licitación ya que eso supondría "un fraude moral", destacando que tienen que velar tanto por el interés del Consorcio como por el de las otras empresas que optaron a la licitación de dichas obras.