La Audiencia Nacional excarcela a otros 13 etarras, una 'grapo' y un condenado en Bolivia

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la excarcelación de otros 13 etarras, una integrante del GRAPO y un condenado por varios asesinatos en Bolivia a los que se aplicó la 'doctrina Parot', cuestionada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), para alargar su estancia en prisión.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la excarcelación de otros 13 etarras, una integrante del GRAPO y un condenado por varios asesinatos en Bolivia a los que se aplicó la 'doctrina Parot', cuestionada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), para alargar su estancia en prisión.

Tras examinar durante algo más de una hora y media un total de 15 recursos, dos más de los inicialmente previstos, los magistrados de la Sala han acordado la puesta en libertad de estos reclusos y la extinción de sus responsabilidades penales, tal y como solicitó la Fiscalía en consonancia con el criterio adoptado el pasado martes por el Tribunal Supremo.

Entre los terroristas excarcelados se encuentran José Antonio López Ruiz, 'Kubati', que fue condenado entre otros asesinatos por el de la disidente etarra María Dolores González, 'Yoyes'; Gonzalo Rodríguez Cordero, condenado por participar en 19 asesinatos; y la miembro del 'comando Madrid' Inmaculada Noble, que participó en 1986 en el asesinato del comandante Ricardo Saénz de Ynestrillas.

De esta forma, son ya 26 los asesinos (24 de ellos etarras) que han sido excarcelados por la Audiencia Nacional desde que el pasado 21 de octubre el Tribunal de Estrasburgo condenara a España por aplicar de forma retroactiva la 'doctrina Parot' a la etarra del 'comando Madrid' Inés del Río.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió este martes, por doce votos frente a cuatro, que debe ser cada tribunal sentenciador el que dirima el alcance de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo respecto de los presos a los que se aplicó la 'doctrina Parot', cuya aplicación da por anulada para todas las sentencias condenatorias en ejecución dictadas antes del 28 de febrero de 2006.

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