La consellera de Administraciones Públicas, Núria Riera, ha abogado este jueves por reducir cargas administrativas y mejorar la seguridad jurídica puesto que, según su opinión, "no es efectivo reducir la administración si al mismo tiempo no aligeramos la normativa".

Así se ha manifestado durante la clausura de la jornada informativa sobre Reducción de cargas administrativas organizada por la CAEB, donde se han presentado diferentes iniciativas para la reducción de estas cargas, como las que llevan a cabo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Confederación Española de Organizaciones empresariales (CEOE), el Govern y el Ayuntamiento de Palma.

La consellera ha señalado que una de las prioridades del Ejecutivo balear es "facilitar y agilizar las gestiones administrativas, eliminando los obstáculos que se pueden encontrar los ciudadanos, los emprendedores y los empresarios si una normativa es compleja y confusa", especialmente para contribuir a la reactivación económica.

Por ello, ha explicado que su departamento ha emprendido actividades de impulso y coordinación administrativa, así como de modificación y desarrollo normativo de gran repercusión en el área de la reducción de cargas administrativas, dentro de un proyecto más ambicioso que incluye también la reducción de plazos y la seguridad jurídica.

Esta seguridad jurídica incluye un listado de objetivos de mejora, como reducir el número de normas, refundir textos, eliminar las reiteraciones, clarificar los plazos de las obligaciones, y dar estabilidad a las normas con el fin de evitar la continúa modificación, entre otros.

La consellera ha recordado algunos de los proyectos puestos en marcha, como la Ley de Actividades, que incide en la eliminación de cargas administrativas, en la simplificación normativa y en la coordinación interadministrativa.

Además, ha citado el Plan Director de Simplificación Administrativa, "que refuerza la idea de la interacción y colaboración en las áreas de simplificación normativa, gestión de los procesos administrativos, e implantación de la administración electrónica"; o el Decreto 6/2013, de 8 de febrero, de medidas de simplificación documental de los procedimientos administrativos.

Este decreto simplifica las obligaciones de aportación de documentación por parte del ciudadano, regula el ejercicio del derecho a no presentar documentación a pesar de estar prevista en la normativa vigente, y establece líneas de trabajo como la posibilidad de aportación diferida de documentación en determinados procesos de concurrencia selectiva, entre otros.

Finalmente, Riera ha resaltado la colaboración entre administraciones y la participación de las organizaciones empresariales en todas las iniciativas anteriores, con las aportación de ideas y sugerencias sobre la simplificación administrativa.