La futura Ley gallega de mejora de la estructura agraria facilitará al Gobierno autonómico analizar la situación de fincas y de perímetros que se encuentren en una situación de abandono en la comunidad y proponer "de oficio" a sus propietarios que pongan a producir el predio, que arrienden la tierra o que cedan su uso al Banco de Terras. No dar ninguno de estos pasos supondría una sanción.

Lo han explicado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira do Medio Rural, Rosa Quintana, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en relación a una normativa que aspira a sustituir la actual concentración parcelaria por el nuevo concepto de "reestructuración parcelaria", así como a simplificar la tramitación de estos procesos y reducir costes y plazos.

Quintana ha incidido en que el plazo actual para una concentración parcelaria puede oscilar "entre los 10 y los 20 años" y que el objetivo es que se pueda concluir "en no más de cinco". Además, al igual que Feijóo, ha destacado la relevancia de proponer de oficio que las tierras en situación de abandono puedan incorporarse —sin que haya variaciones en la propiedad— en el Banco de Terras para facilitar que "puedan producir".

También ha remarcado la importancia de calificar los perímetros de predios que pueden estar abandonados y en los que se puede haber mayor riesgo de incendios. El objetivo es favorecer el desarrollo del rural y evitar el abandono de las propiedades que, entre otras consecuencias, se traduce en un mayor peligro de fuegos forestales.

Si los propietarios de las fincas en esta situación no acceden a ninguna de las tres vías que propone la Xunta —la explotación, el arrendamiento a terceros o la cesión del uso al Banco de Terras—, Quintana ha explicado que se contempla un régimen sancionador, ya plasmado en la ley de movilidad de tierras, y que abarca multas de entre 300 y 3.000 euros.

El texto analizado por el Consello de la Xunta se someterá ahora a consulta con los consejos forestal y agrario en busca del "máximo consenso", según han ratificado Feijóo y Quintana. Ambos han destacado que la norma busca "adecuar la estructura agraria" a las necesidades de las explotaciones, hacerlo "con más agilidad" e incorporando las fincas "en manifiesto estado de abandono".

Reducción de los trámites

En cuanto al objetivo de "mayor rentabilidad" de las explotaciones, el presidente ha destacado la inclusión del concepto de "reestructuración parcelaria" que supera "la dimensión y capacidad" de la actual concentración, de forma que el fin principal no será tanto "la disminución del uso de parcelas" como "mantener los usos de las fincas".

Igualmente, entre sus novedades principales, está la inclusión de suelos de núcleo rural en el perímetro de acción de la reestructuración parcelaria sin afectar a una puesta en marcha de procesos de ordenación urbanística, un paso con el que la Xunta aspira a dar respuesta a una de las principales demandas de los propietarios de expropiaciones.

También "simplifica" el procedimiento reduciendo el número de fases, mejorando el sistema de entrega y el de tramitación, así como rebajando "sensiblemente" tanto los costes como los plazos de ejecución.

Priorizará, al tiempo, los aprovechamientos en común para la dotación de infraestructuras y favorecerá la participación pública en el proceso con "nuevas fórmulas" como los Comités Técnicos Asesores, que coordinarán a los distintos agentes implicados en los procedimientos de reestructuración.

Permuta y mecanismos fiscales

Además, permitirá declarar la caducidad de algunos procesos de concentración parcelaria antiguos "que quedarán obsoletos" y simplificará varias normativas, que quedarán al amparo de esta ley, "simplificando de forma considerable" su regulación. Fomentará, asimismo, que se puedan iniciar procesos de reestructuración de propiedades a instancias de los particulares.

Del mismo modo, con el objetivo de "disminuir los efectos generados" sobre la estructura de las explotaciones agrarias por los proyectos de ejecución de grandes obras publicas o de interés general se promueve "un proceso especial de reestructuración parcelaria" en esas zonas.

En este "esfuerzo de lucha" contra el abandono en el rural, la ley incorpora la reestructuración parcelaria mediante permutas de fincas entre titulares de predios de vocación agraria.

Dichas permutas podrán llevarse a cabo sin cambio en la forma de las parcelas o modificando su geometría, de forma que se incremente la efectividad de la transformación y dando como resultado una mejora en la puesta en cultivo. Para el fomento de esta iniciativa, la Administración podrá establecer mecanismos fiscales de deducción.

Quintana ha concretado que la nueva legislación afectará también a procesos de concentración ya iniciados, pero en los que no se haya dado ningún avance "determinante". A modo de ejemplo, ha subrayado que "hay 102 concentraciones decretadas desde hace mucho tiempo y en las que no se ha avanzado nada".

"Es una pena que hoy en día la gente joven busque trabajo fuera cuando en el rural hay muchas posibilidades", ha concluido la conselleira.