El alcalde de Sorbas (Almería), José Fernández Amador (PP), ha valorado este jueves el fallo por el que finalmente ha quedado absuelto de un delito de prevaricación y contra el territorio después de que se declarara en firme la legalidad de una licencia de obras para construir ocho viviendas unifamiliares en la pedanía de 'La Mela', si bien ha lamentado que el proceso ha mantenido "paralizado" la concesión de licencias en las pedanías del municipio durante seis años.

En declaraciones a Europa Press, el regidor sorbeño ha manifestado que desde que se inició el procedimiento ha vivido "seis años de mucha incertidumbre" aunque con "la confianza clara desde el primer día" en la legalidad del procedimiento seguido para conceder la licencia de obras. No obstante, ha lamentado que además se solicitara la imputación de un técnico municipal y un inversor extranjero, interesado en edificar dichas viviendas.

El también diputado provincial ha considerado que los cuatro diputados del PSOE que se presentaron como acusación particular en el proceso tendrán que dar "muchas explicaciones" de por qué han "perjudicado al municipio de Sorbas". "Llevamos seis años con nuestras pedanías paralizadas sin poder construir viviendas nuevas. A mí me han querido hacer daño, pero han perjudicado al municipio", ha manifestado el regidor.

Con esto, Fernández Amador ha remarcado que "la justicia ya ha dicho que el suelo es urbano", por lo que ha instado a la Junta a que deje de "empeñarse en lo contrario" y así se permita el desarrollo urbanístico de las pedanías de Sorbas.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha dictado este jueves sentencia absolutoria para el alcalde de Sorbas después de que el fiscal retirase su acusación por la que interesaba dos años y medio de cárcel, y 18 años de inhabilitación por autorizar la construcción de una promoción de ocho viviendas unifamiliares.

El Ministerio Público ha adoptado esta resolución después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarase por la vía contencioso-administrativa que el suelo sobre el que se levantan las edificaciones tiene la calificación de "urbano no urbanizable" al situarse a menos de un kilómetro y medio del núcleo urbano, lo que hacía inviable mantener la acusación por presunto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

La Fiscalía también ha retirado la acusación que pesaba los concejales del equipo de gobierno José Martínez y José Ramos y la exedil Ana Idañez para quienes se pedía 15 meses de cárcel y nueve meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.

La acusación particular, ejercida por el grupo municipal del PSOE, que se personó en la causa a raíz de la denuncia que formuló la Fiscalía, se ha sumado a esta medida, por lo que la jueza ha dictado 'in vocce' sentencia absolutoria y ha declarado la firmeza de la misma tras comunicar las partes que ninguna tenía intención de recurrir.