El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista se ha opuesto este jueves a extraditar a Marruecos al pederasta condenado en este país Daniel Galván, al considerar que su condición de español impide la entrega.

Bautista ha puesto de manifiesto que el Convenio firmado entre ambos países no contempla la cesión de sus respectivos nacionales por lo que Galván tendría que cumplir la pena que aún le resta por abuso de menores en las cárceles españolas.

Durante una breve vista celebrada esta mañana ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, Galván se ha negado a regresar al país alauí y ha confirmado al presidente del tribunal, el juez Alfonso Guevara, que, a pesar de haber nacido en Irak, contrajo matrimonio en 1982 con una española lo que le confiere la nacionalidad.

Galván, fue condenado en mayo de 2011 en Marruecos a 30 años de prisión por abusar sexualmente de al menos 8 menores. El monarca alauí Mohamed VI le indultó el pasado mes de agosto tras una visita al país del Rey Juan Carlos. Fue detenido días después por la Policía en Murcia. Además de la condena marroquí pesan contra Galván otras causas abiertas en España por abuso de menores.

Por su parte, el abogado defensor del pederasta Manuel Maza ha pedido al tribunal que se oponga a la entrega y decrete la libertad inmediata de su cliente. Maza ha defendido que el indulto concedido por Mohamed VI es "irrevocable".

Abusos sexuales

Galván fue condenado en Marruecos por abusar sexualmente de niñas y niños de entre 6 y 15 años a los que drogaba y sometía a sesiones fotográficas de contenido sexual para después violarles. En ocasiones empleaba para amenazar a los menores un cuchillo de carnicero o les obligaba a consumir alcohol.

Según explica la Fiscalía en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Apelación de Kenitra (Marruecos) por delitos de violación de menor con penetración, violación de un menor con violencia, tentativa de violación, inducción a menor de edad a cometer actos impúdicos, incitación a menores a cometer actos de prostitución, atentado contra el pudor público y incitación al abuso sexual de menores mediante la producción y filmación de material pornográfico.

El Ministerio Público considera que, en aplicación del contenido del Convenio de Extradición de 24 de enero de 2009, "no procede acceder a la solicitud de extradición" por lo que Galván debería "quedar a disposición de la Audiencia Nacional para cumplir el resto de la pena impuesta en territorio nacional".