El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha afirmado este jueves que de las facturas y justificaciones que el sindicato UGT-A ha trasladado hasta el momento a la Junta de Andalucía no se puede deducir la existencia de comisiones, añadiendo que dichas facturas han sido todas fiscalizadas "de conformidad" con la intervención delegada.

En respuesta a una pregunta oral formulada por el PP-A en la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Parlamento, Sánchez Maldonado ha indicado también que de la documentación recibida por parte de UGT-A tampoco se deduce "ningún tipo de delito". "Pero si en los procedimientos de revisión abiertos se detectaran, no le quepa la menor duda que actuaremos en consecuencia", ha apostillado.

El consejero del ramo ha querido dejar claro que cuando el Gobierno andaluz conoció las presuntas irregularidades en esta materia actuó "de forma inmediata y responsable" pidiendo explicaciones al sindicato, abriendo un procedimiento de información previa, que transcurrido el plazo sin la documentación requerida, derivó en un procedimiento de revisión de oficio.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Rojas, ha indicado que, según las informaciones publicadas en prensa, UGT-A se habría quedado con el 19 por ciento de los fondos recibidos por parte de la Junta para cursos de formación, lo que supone "un escandalazo que mancha de los pies a la cabeza al Gobierno andaluz".

Rojas, que ha preguntado al consejero si la Junta conocía este "modus operandi" por parte de UGT-A y si ésta ha sido la forma de garantizar la "paz social", ha criticado también la "lentitud" del Gobierno andaluz en la investigación de los hechos. "Tienen que investigar el fraude porque la tarea sindical ha de ser prestigiada", ha manifestado.

En su opinión, la Junta tiene una "doble responsabilidad" por "haberlo consentido y no investigar". Según ha aseverado Rojas, "han permitido el saqueo del dinero de los andaluces, y deberían rectificar y pedir que los sindicatos comparezcan en el Parlamento y que se realice una investigación con auditorias".

En su turno de réplica, Sánchez Maldonado ha considerado que la "complicidad" de la que habla el PP-A es un "juicio de valor" que no se corresponde con la realidad. Así, ha reiterado que la Junta ha seguido en todo momento el procedimiento de marca la ley, abriendo primero un plazo para que el sindicato aportara la información requerida y, posteriormente, una revisión de oficio al no estar conforme con la documentación presentada.