Un total de ocho sindicatos de los sectores de sanidad, educación, justicia y funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía han convocado una concentración este jueves ante el Parlamento andaluz en protesta contra los nuevos recortes impuestos por la Junta de Andalucía.

En concreto, en la concentración, presentada este miércoles, participarán representantes de la Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes (Faspi), integrada por los sindicatos SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios), SMA (Sindicato Médico Andaluz) y APIA (Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía); la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), formado por Satse (Sindicato de Enfermería) y ANPE (Sindicato Independiente de Profesores); la Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería (USAE), compuesta por FATE (Federación Andaluza de Técnicos Superiores Sanitarios) y SAE (Sindicato de Técnicos de Enfermería); y STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia).

Según ha indicado el secretario general de SAF, Carlos Sánchez, ha indicado que estos sindicatos pueden representar a un colectivo de más de 200.000 trabajadores y ha precisado que se va a intentar que durante la movilización del jueves sean recibidos por representantes del Parlamento y poder presentar un escrito en le Cámara andaluza, aunque ha recordado que cada sindicato se está reuniendo con grupos parlamentarios.

Sánchez ha indicado que la idea es seguir con movilizaciones "si no se aceptan nuestras reivindicaciones y si siguen machacando a los empleados publicos", aunque precisa que no hay calendario de acciones conjunto hasta que no se vea la disposición del Parlamento y de los partidos sobre sus reivindicaciones. "Estudiaremos todas las posibilidades, aunque veremos cómo reaccionan partidos y la propia Junta", ha agregado.

Por su parte, el secretario general autonómico de Satse, Francisco Muñoz, ha indicado que en el ámbito sanitario "se produce una mayor afectación porque el 50 por ciento de la nómina de paga en conceptos variables, que se están recortando en un diez por ciento", de forma que esa peculiaridad "nos hace sufrir más los recortes".

"Somos un colectivo especialmente castigado, al recortarse en unos conceptos que vienen a pagar la penosidad del trabajo, como los turnos o la nocturnidad", agrega Muñoz, quien lamenta que "la generalización de los contratos eventuales al 75 por ciento de salarios y jornadas a efectos prácticos no se está cumpliendo, y las jornadas son del cien por cien e incluso más; así llevamos muchos años".

Muñoz asimismo critica que la Junta "defienda estos recortes argumentando que son para mantener el empleo, cuando los datos estadísticos demuestran que de 12.000 puestos de trabajo perdidos en los distintos sistemas sanitarios entre enero de 2013 y de 2013, unos 7.000 se ubican en Andalucía; no nos valen esos argumentos y se está perdiendo empleo".

El manifiesto

En el manifiesto conjunto, estos sindicatos, que aseguran ser las organizaciones más representativas de funcionarios en Andalucia y mayoritarias en su ámbito, precisan que se unen "para luchar contra los sucesivos e injustos ataques contra el personal funcionario, laboral y estatutario y contra los nuevos y discriminatorios recortes económicos".

Estos sindicatos rechazan "estas reiterados recortes que vuelven a basarse en la arbitrariedad y en la injusticia y que incumplen cualquier legislación y los principios constitucionales". Los ocho sindicatos firmantes denuncian la discriminación común que padecen los colectivos funcionariales, "únicos en España que soportarán los recortes en las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre del próximo año 2014 o cuantías equivalentes en sus complementos".

Han precisado que la reducción de las pagas adicionales es una medida que se implantó para cumplir los objetivos de déficit, aplicable también al personal laboral y que unida a la reducción de un diez por ciento de las percepciones variables, que preveía ahorrar, según el Plan de reequilibrio económico financiero, 142,8 millones de euros, ante lo que agregan que "tan sólo el gasto total en complemento específico del personal funcionario de la Administración ha tenido un descenso entre los años 2012 a 2013 de 284,7 millones de euros, cuantía resultante de cotejar la diferencia en el coste total en dicho concepto de los presupuestos de 2012 y 2013".

Agregan que "la no percepción de las dos pagas adicionales del personal funcionario, laboral y estatutario de la Junta de Andalucía, supone un ahorro para la Administración de 249,2 millones de euros, montante muy por encima del ahorro necesario en el Plan de Reequilibrio Económico-Financiero".

Los sindicatos manifiestan su absoluto desacuerdo con los "reiterados y bruscos" recortes que recaen sobre funcionarios, estatutarios y laborales, "mientras multitud de conceptos presupuestarios prescindibles son intocables, y mientras la costosa externalización o los privilegios económicos de altos cargos y diputados, entre otros despilfarros, queden ilesos de cualquier tijeretazo", aseveran.

Estas centrales han exigido por escrito a la Consejería de Hacienda y Administración Pública y a la Secretaría General para la Administración Pública, que se lleven a cabo reuniones urgentes con los representantes de los trabajadores "para llegar a soluciones comunes y que se eviten decisiones tan sesgadas e imprudentes como las que se están tomando".

SECTORES

Creen que "existen claras alternativas de contención del gasto público", por lo que proponen aligerar la Administración, "adelgazando radicalmente la estructura de la descomunal Administración paralela; las millonarias subvenciones a sindicatos y partidos políticos; los astronómicos sueldos y dietas de altos cargos".

Asegura que estos recortes "no tienen precedentes y han provocado efectos colaterales como el deterioro de la eficacia de los servicios, la generalización de las contrataciones a tiempo parcial del personal temporal o las cargas de trabajo, que repercuten directamente en los ciudadanos y en los propios trabajadores".

Asimismo, apuntan que desde 2010 los funcionarios de la Administración General de la Junta padecen una congelación salarial con una pérdida de poder adquisitivo superior al 30 por ciento, la disminución del sueldo base, trienios, complementos diversos y la merma de la paga extra entre un 46,30 y un 1,3 por ciento, dependiendo del grupo.

En la sanidad, además del "tijeretazo" del 10 por ciento en los conceptos variables, el manifiesto apunta que existe "una política de personal basada en criterios puramente economicistas, con nula sustitución y contrataciones basura para los eventuales al 75% o menos de salario, generando una situación que, de mantenerse un año más, derivará en un verdadero desmantelamiento del sistema sanitario andaluz".

Por su parte, en educación, los sindicatos lamentan que la Junta "ha conseguido que los profesores andaluces sean los docentes peor pagados de España y no se han adoptado medidas para paliar la pérdida de 4.289 profesores de enseñanza secundaria producida el curso pasado, retrocediendo las cifras de plantilla a las de hace un lustro".

En justicia, los funcionarios "serán los peor pagados de España, junto con los catalanes, a pesar de ser los más productivos de todo el Estado, y a ello se une el trato discriminatorio con respecto a jueces y fiscales en materia de descuentos por bajas laborales, la congelación de la oferta de empleo público y la ralentización en la cobertura de puestos, además de incrementos de jornada".

Demandan por último que la Mesa General de la Función Pública "esté integrada por los sindicatos que han obtenido representación para ello", y piden que la Junta "desmantele la Administración Paralela creada en los últimos 30 años".