La Corte Suprema de Brasil decidió el miércoles que sean ejecutadas de inmediato las penas de 22 de los 25 políticos y empresarios condenados por las corruptelas que en 2005 pusieron en jaque al Gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión fue producto de una intensa y prolongada polémica que se zanjó con la postura de la mayoría de los magistrados del Supremo en favor de que se ejecuten las penas, aún en los casos de doce reos que deberán serán juzgados nuevamente por uno de los varios delitos por los que fueron condenados, pero tienen condena firme por otros.

Entre quienes deberán ir a prisión figura el otrora poderoso ministro de la Presidencia, José Dirceu, quien en la época de los escándalos era considerado la "mano derecha" de Lula, condenado a diez años y diez meses, aunque esa pena puede ser reducida según el resultado de un nuevo juicio sobre uno de los delitos cometidos.

La decisión sólo no afecta a Joao Claudio Genú, exasesor político, y al empresario Breno Fischberg, quienes han sido condenados por sólo un delito por el que serán juzgados nuevamente igual que otros diez reos, según una sentencia anterior de la corte.

Tampoco alcanza al expresidente de la Cámara de Diputados Joao Paulo Cunha, del Partido de los Trabajadores (PT), de Lula y la actual presidenta, Dilma Rousseff, a quien hoy se le aceptó una apelación sobre la sanción pecuniaria que le aplicó el tribunal.

Con esta decisión, el Supremo acoge parcialmente un pedido hecho la víspera por la Procuraduría General de la República, en el sentido de que se ejecutasen las penas de aquellos reos que ya tuvieran condenas firmes, al menos en algunos de los delitos por los que fueron hallados culpables.

Tras decidir sobre ese delicado asunto, el Supremo deberá librar las correspondientes órdenes de captura y decidir los penales en que cumplirán sus penas aquellos condenados a un régimen de reclusión o a un sistema semiabierto, que los obligará a dormir en prisión.

El caso se refiere a un red de corrupción tejida por el PT en 2002, cuando Lula ganó por primera vez las elecciones, y que según consideró probado la corte sirvió para financiar campañas y sobornar a dirigentes de cuatro partidos que le dieron al Gobierno la mayoría parlamentaria que las urnas le habían negado.