Suciedad en Fuencarral
Montones de basura tirada sobre la acera después de varios días de huelga de limpieza, en la calle Fuencarral (Madrid). JORGE PARÍS

Ana Botella ha dado un ultimátum a los servicios de limpieza de Madrid, cuando la basura lleva nueve días acumulándose en las calles de la capital. Si las empresas concesionarias y los trabajadores no alcanzan un acuerdo para poner fin a la huelga en menos de dos días, la alcaldesa recurrirá a Tragsa, una compañía filial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que pertenece al Estado en un 51%, para que se cumplan los servicios mínimos de limpieza.

Los trabajadores de los servicios de limpieza de Madrid protestan por los ERE propuestos por las empresas OHL, Cespa, Sacyr y FCC, que planteaban el despido de 1.400 trabajadores. La presión de los empleados ha servido para que las concesionarias rebajen ese número de despidos a 625, pero añadiendo expedientes temporales de empleo de un mes al año sin empleo y sueldo, jubilaciones forzadas, bajas incentivadas y modificaciones de las jornadas. Las posturas siguen alejadas y ninguna de las partes ve una solución a corto plazo.

Tragsa está obligada a actuar cuando la Administración se lo indica y al precio que ésta le marque Curiosamente, los trabajadores de Tragsa también fueron a la huelga hace tan solo una semana para protestar por un ERE en la filial pública que planteaba el despido de 1.600 trabajadores. La huelga y las negociaciones sirvieron para que la empresa redujera a la mitad los despidos previstos por el expediente de regulación de empleo. De no haberse alcanzado este acuerdo, habrían vuelto a protestar este mismo miércoles.

Fuentes de la empresa pública señalan a 20minutos que están obligados a actuar cuando la Administración se lo indica y al precio que marque ésta, aunque Ana Botella ha indicado que las empresas concesionarias tendrían que hacerse cargo de los costes. Las mismas fuentes han indicado que Tragsa estaría capacitada para actuar en un plazo de 24 horas a partir del momento en que el Ayuntamiento de Madrid solicitara sus servicios.

No es la primera vez que un consistorio recurre a Tragsa para paliar los efectos de una huelga de servicios de limpieza. El año pasado, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera acudió a la filial de la SEPI para retirar las toneladas de basura que se amontonaban en el municipio gaditano durante 18 días de huelga.

El procedimiento en Jerez fue muy similar al explicado este miércoles por Botella. El gobierno local denunció el incumplimiento de los servicios mínimos por parte de la empresa concesionaria y contrató a Tragsa para cubrir los mínimos marcados.

En cualquier caso, la empresa pública no podrá suministrar más de un 40% de los servicios de limpieza viaria y tampoco podrá cubrir más de un 25% del mantenimiento de las zonas verdes, áreas infantiles, de mayores y mobiliario urbano, ya que atentaría contra el derecho a la huelga de los trabajadores.

Tragsa ha intervenido en emergencias como el terremoto de Lorca o la catástrofe del Prestige. El Gobierno y la Xunta encargaron a la empresa la limpieza de las costas gallegas tras el naufragio del petrolero y su gestión de estas tareas acabó con la dimisión de Roque Manresa, el presidente de la compañía.

Los marineros y los voluntarios que acudían a las playas a retirar el chapapote acusaron a la empresa de entorpecer y retrasar deliberadamente las tareas de limpieza, aunque la empresa aseguraba que el relevo no tenía que ver con su controvertida actuación en la Costa da Morte.

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