La delegada del Gobierno en Córdoba, Isabel Ambrosio, junto a la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Isabel Baena, ha hecho este miércoles un balance de la aplicación del Decreto de Medidas Urgentes de Lucha contra la Exclusión Social en la provincia de Córdoba y de cuyo Plan Extraordinario de Acción Social se benefician más de 4.000 personas, entre el Programa de Ayuda a la Contratación a través de los ayuntamientos y el Programa de consolidación del servicio de Ayuda a Domicilio

En el caso del Programa de Ayuda a la Contratación, en la provincia de Córdoba se han cerrado más de 2.600 contratos, por parte de los ayuntamientos que han recibido casi 3,6 millones de la Junta. El Ayuntamiento de Córdoba, en concreto, ha formalizado 878 contratos y ha recibido 1,7 millones para esta línea.

Según ha explicado la delegada del Gobierno andaluz, los beneficiarios logran una contratación que oscila entre tres meses y 15 días, y para poder adherirse debían ser demandantes de empleo durante un período ininterrumpido igual o superior a un año y pertenecer a una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

Por su parte la delegada de Igualdad, Salud y Política Social, Isabel Baena, ha explicado la línea referente al servicio de Ayuda a Domicilio para personas con necesidad de soporte de sus actividades pero que no se encuentran en situación de dependencia.

Actualmente se está prestando este servicio a casi 1.500 cordobeses con una intensidad horaria de 20 horas mensuales. La prestación de este servicio supone una inversión por parte de la Junta de Andalucía de 1,9 millones de euros, de los que la mayor parte va destinada al Ayuntamiento de Córdoba y a la Diputación.

Baena ha señalado que el Decreto establece la obligatoriedad de ejecutar esta cantidades con anterioridad al 31 de diciembre. Por ello ha destacado la eficacia y la eficiencia del trabajo que están desarrollando la mayoría de los ayuntamientos para atender a sus ciudadanos.

Entre los 1.500 cordobeses atendidos hay personas que se habían visto afectadas por la reducción de la aportación estatal al Plan Concertado de Servicios Sociales para los Ayuntamientos, y también personas con dependencia moderada que, tras la aprobación por parte del Gobierno central del Real Decreto Ley en julio de 2012, no pueden incluirse en el sistema de atención a la dependencia hasta 2015.

Esta aportación cumple, además, con el objetivo del mantenimiento del empleo de las profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio que la reforma de la Ley de Dependencia había puesto en peligro al prever la reducción de la intensidad horaria a los usuarios dependientes. En total, son más de 200 personas las que han podido conservar su puesto de trabajo gracias a esta medida incluida en el Decreto.

Baena ha señalado además que, en colaboración con los ayuntamientos, el Decreto ha permitido reforzar el programa de Ayudas Económicas Familiares que está permitiendo atender a más de 3.000 familias con 8.000 menores a su cargo. Esto va a suponer una inversión total por parte de la Junta de Andalucía superior al medio millón de euros durante 2013.

Plan de solidaridad y garantía alimentaria

En cuanto al Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria, Ambrosio ha señalado que el Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria permite atender este curso a 952 niños y niñas que han sido incluidos en el servicio de comedor escolar por su situación económica familiar. Se trata de menores que se encuentran en riesgo de exclusión social, con independencia del municipio o zona en la que residan.

Esta medida comenzó a aplicarse en junio y se prolongó durante las vacaciones de verano para no desatender a aquellos niños y niñas de las Zonas de Transformación Social. En concreto, 362 menores que se han beneficiado durante las vacaciones de verano de la preparación y reparto de alimentos y que se llevó a cabo a través de entidades con presencia en el territorio. En la capital, se desarrolló en el barrio del Guadalquivir, gestionado por Guadalquivir Futuro, y en las barriadas de Moreras, Palmeras y Sector Sur a través de Adsam. Además se actuó en Baena, Puente Genil y en Palma del Río.

Otra línea se refiere a la preparación y reparto de alimentos para personas con escasos recursos en riesgo de exclusión social. La delegada del Gobierno ha explicado que se van a destinar más de 513.000 euros para repartir más de 53.000 comidas. Esta línea se va a desarrollar en 19 municipios, incluida la capital, de la mano de entidades igualmente con implantación en el territorio y va a comenzar a desarrollarse en breve para dar respuesta a estas personas.

La tercera línea que compone esta Red de Garantía Alimentaria es la referente al reparto de comida a personas mayores a través de un servicio de catering, gestionado por 12 municipios, además de por la fundación Guadalquivir. La Junta ha concedido una subvención de 51.000 euros para atender a 8.500 mayores de la capital y la provincia.