Vílchez defiende la ordenanza de ruidos y ciñe a los abusos "evidentes" las nuevas potestades de la Policía

El concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez, ha defendido este miércoles, ante la treintena de alegaciones anunciadas por PSOE e IU-CA, el documento de aprobación inicial de la nueva ordenanza municipal contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones. Igualmente, ha defendido la idea de que un agente de la Policía Local sancione o clausure un local según su propio criterio, asegurando que estos funcionarios ejercerán estos poderes ante "la evidencia de la intolerabilidad de los niveles de ruido".
Turistas en el centro de Sevilla
Turistas en el centro de Sevilla
EUROPA PRESS

El concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez, ha defendido este miércoles, ante la treintena de alegaciones anunciadas por PSOE e IU-CA, el documento de aprobación inicial de la nueva ordenanza municipal contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones. Igualmente, ha defendido la idea de que un agente de la Policía Local sancione o clausure un local según su propio criterio, asegurando que estos funcionarios ejercerán estos poderes ante "la evidencia de la intolerabilidad de los niveles de ruido".

Estos días concluye el periodo de información pública de la nueva ordenanza municipal contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones. La nueva regulación, aprobada inicialmente por el pleno del Ayuntamiento hispalense con el voto solitario del Grupo popular, introduce novedades llamativas como la posibilidad de que un agente de la Policía Local sancione o clausure un local si "estima" que supera los umbrales marcados por la normativa, sin necesidad de contar con un sonómetro o ir acompañado de un funcionario del área de Medio Ambiente.

Igualmente, la propuesta de regulación recoge la obligación de que las actividades emisoras de ruido dispongan, además de controladores del ruido, de un centro de transmisión de datos a tiempo real que remita la información al Consistorio, así como sanciones que van desde los 300 a los 300.000 euros. PSOE e IU-CA han presentado un total de alegaciones contra el documento de aprobación inicial de la ordenanza y piden su retirada directa.

Vílchez reacciona

Vílchez, frente a las críticas de la oposición, ha defendido que el proyecto de normativa "se ajusta a las leyes andaluzas y vela por el derecho al descanso de los ciudadanos", asegurando que el documento de aprobación inicial es fruto de "varias reuniones con la Plataforma de Ciudadanos contra el Ruido, Asociación de Juristas contra el Ruido, el Colegios de Administradores de Fincas, diversas asociaciones vecinales como la de la Plaza del Salvador, Huerta de la Salud, Plaza de Armas, entre otros, que han aportado sugerencias verbales o por escrito que han sido tenidas en cuenta a la hora de elaborar el borrador". Por tanto, Vílchez ha negado que no se haya buscado el consenso en esta ordenanza y ha garantizado que "igualmente se tendrán en cuenta todas aquellas alegaciones que sean presentadas".

Mientras el PSOE avisa de que la ausencia de un acuerdo para el calendario de los inspectores del área de Medio Ambiente ha suspendido las inspecciones y mediciones en fin de semana y por la noche, el concejal del área alega que "en lo que va de año, se han impuesto 328 sanciones firmes sobre un total de 587 denuncias", toda vez que el mencionado conflicto laboral sigue latente desde comienzos de año.

De otro lado, ha defendido la propuesta de que las actividades emisoras de ruido dispongan, además de controladores del ruido, de un centro de transmisión de datos a tiempo real que remita la información al Consistorio, así como sanciones que van desde los 300 a los 300.000 euros, ya que "eso es una facultad que el Decreto 6/2012 deja a los ayuntamientos y que el PSOE preveía en la Ordenanza vigente que data de 2001, aunque no lo haya puesto en marcha en todos sus años de gobierno pese a que en todas aquellas localidades donde se ha implantado ha mostrado su utilidad".

Los veladores

En cuanto a los veladores, ha argumentado que "no son considerados, ni se les menciona, emisores acústicos en el Decreto 6/2012 de la Junta de Andalucía, al igual que no son considerados, ni se les menciona, como tales en la ley del Ruido de 2003 y no se recogían como emisores en la actual ordenanza de tiempos del PSOE que viene de 2001 y fue revisada en el 2006 ni en la Ordenanza de Veladores del PSOE de 2009". De igual modo, ha aclarado que "es falso que se permita megafonía a los establecimientos, ni es cierto que los aires acondicionados no estén regulados, puesto que se regulan las instalaciones, todas, de las actividades y sus límites de emisión".

Con respecto a las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), el delegado de Medio Ambiente ha explicado que "no se reducen las exigencias, puesto que los supuestos de declaración y el procedimiento de declaración y las consecuencias de su aplicación están reguladas en el Decreto 6/2012 de la Junta de Andalucía y a él se atiene la práctica diaria y la nueva Ordenanza que, como imperativo y en todo caso, suspende la concesión de nuevas licencias de hostelería o la ampliación de las vigentes desde el mismo momento en que se inicia el expediente".

"Esta ordenanza, que no se revisaba desde el año 2006, vela por el descanso de los vecinos, al igual que ha hecho la ordenanza de veladores, que ha respetado los horarios de descanso incluso disminuyendo en una hora el tiempo de estancia de los veladores en la calle", ha agregado Maximiliano Vílchez, defendiendo por último la idea de "potenciar" el papel de la Policía Local. Los agentes, según Vílchez, podrán denunciar, suspender o clausurar las actividades molestas según "la evidencia de la intolerabilidad de los niveles de ruido".

"Sobre a las atribuciones de la Policía Local, no se puede ignorar que ya lo vienen ejerciendo de manera cotidiana y sin controversia aplicando la Ordenanza actualmente vigente, la Ley andaluza 7/2006 (Ley Antibotellón) y el Decreto 165/2003 Reglamento de Inspección Control y Régimen sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, por los que los agentes de la Policía Local precintan actividades cuando infringen la norma sin necesidad del auxilio de los inspectores de Medio Ambiente", argumenta.

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