La UPO activará una bolsa de al menos 50.000 euros de mecenazgo para estudiantes en situación precaria

El rector alerta de la pérdida de medio centenar de profesores por la tasa de reposición y cifra en 7,5 millones la deuda con proveedores
El rector de la UPO, Vicente Guzmán
El rector de la UPO, Vicente Guzmán
EUROPA PRESS

El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Vicente Guzmán, ha informado de que la sede académica trabaja de cara a la activación de un fondo económico que actualmente cuenta con unos 50.000 euros, y que se espera pueda seguir creciendo, procedente de las donaciones de empresas e instituciones y destinada a la ayuda a estudiantes cuya situación económica sea más precaria.

En el transcurso de un desayuno informativo, Guzmán ha señalado en relación a estas donaciones, enmarcadas en la fórmula del mecenazgo, de actualidad tras la propuesta lanzada al respecto por la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, que "algunas llegan", recibiéndose desde correos electrónicos de personas interesadas hasta planteamientos concretos de entidades como la Fundación Persán, la Diputación de Sevilla o la Fundación Cajasol.

Este "interés" debe estar imprescindiblemente vinculado a dos premisas, según el rector de la Pablo de Olavide: la actuación sobre la Ley de Mecenazgo para "facilitar" este escenario y que se aplique "la transparencia más absoluta" a todos los fondos que puedan llegar por esta vía. Asimismo, ha recalcado que estas cantidades no deben sustituir "nunca" las aportaciones que las administraciones públicas deben realizar.

En cuanto al momento en el que dichos fondos serían operativos, Guzmán ha recordado que se debe esperar hasta los momentos de inflexión, como son diciembre y, sobre todo, el comienzo de la primavera, etapa en la que se dan a conocer por parte del Estado las contestaciones a las peticiones de becas hechas por los estudiantes. Ello da a la UPO un "margen de maniobra".

Para el rector de la entidad universitaria, este tipo de herramientas son positivas en tanto que permiten alianzas estratégicas entre la universidad y la sociedad, en una "conexión" que permitiría mayor capacidad para "salir de este escenario depresivo".

Y es que, a pesar de que la UPO no cuenta a día de hoy con noticia de ningún alumno que haya tenido que abandonar los estudios por su situación económica, sí se conocen situaciones "traumáticas" relacionadas, principalmente, con los nuevos requisitos para la obtención de becas —que, por otro lado, han caído un 20 por ciento en esta sede universitaria—, que provocan que los estudiantes que no hayan aprobado el 50 por ciento de los créditos —hay 79 casos en la UPO, el 2,5 por ciento de los becados— tengan que devolver el importe de la ayuda, sin poder optar a otra nueva.

Sin embargo, Guzmán ha incidido en el buen nivel de la universidad que dirige en relación con su rendimiento académico, con una tasa del 75,76 por ciento de los créditos matriculados que se han aprobado, la primera a nivel andaluz y la octava en España. Por otro lado, el volumen de terceras y cuartas matriculaciones en la Olavide está por debajo del 10 por ciento, y la tasa de abandono, en el 15,22 por ciento, por debajo de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un 15,5 por ciento, y de España, en torno al 30 por ciento.

Pide replantear la tasa

Uno de los principales asuntos de la intervención ha estado centrado en la situación del profesorado de la sede académica. Debido a la tasa de reposición del 10 por ciento impuesta por el Gobierno central, la universidad se ve imposibilitada para alcanzar la tasa de profesorado funcionario del 51 por ciento impuesta por ley —actualmente está en el 29 por ciento—, a pesar de que el rector apoya la idea de que la funcionarización ofrece "garantías" para la enseñanza y critica que se "compre el discurso" de la denostación de la función pública. De hecho, el Gobierno, tal y como ha hecho con muchas otras universidades españolas, ha impugnado una convocatoria de la UPO de tres plazas de catedrático y 16 de docentes titulares.

Guzmán, en este sentido, ha rechazado las críticas de "endogamia" planteadas a la hora de justificar este tipo de medidas, tildándolas de "cliché" y recordando al respecto que el baremo correcto mediría cuántas plazas se ofertan y cuántas provienen de fuera. Así, ha animado a abrir el debate "con todas las consecuencias", en vez de cambiar elementos del sistema "de forma deslavazada".

Por otro lado, el rector ha incidido en la petición del sector a que se replantee una tasa de reposición —ha alertado de que una enmienda del PP pretende "empeorar" la situación al incluir a los laborales en la misma— que, como mínimo, alcance el 30 por ciento.

Y es que, en su opinión, el actual contexto soecioeconómico de crisis invita a un redimensionamiento de plantilla, aunque siempre bajo la premisa de no aminorar la calidad de la docencia. La UPO, desde la implantación de la tasa del 10 por ciento, ha perdido nueve profesores y sólo ha podido restituir uno, mientras que no ha renovado el contrato a 38 asociados ni ha prorrogado dos comisiones de servicio, lo que se traduce en 48 plazas perdidas. Como consecuencias adicionales, 135 docentes han visto reducido su tiempo de dedicación —a otros 43 se les ha ampliado contrato— y 67 plazas de futura creación han sido amortizadas.

La junta debe 16 MILLONES

En investigación, a día de hoy, la UPO mantiene 363 proyectos, con 3,3 millones de euros —de privados se han captado once millones desde 2008 a 2013—, si bien las iniciativas de I+D+i sobreviven actualmente por el dinero captado en etapas en las que "aún se consignaban fondos", habida cuenta de que, además, la financiación que llega actualmente es escasa y esporádica. El "salto" a Europa podría ser una vía para evitar casos en los que el investigador, asegura el rector, acaba pagándose el material.

Con todo, la UPO se mantiene, a nivel de rendimiento, entre las tres mejores universidades, con la captación, en el VII Programa Marco, de seis millones de euros, nueve 'spin-off' en activo y la apuesta por iniciativas como LifeWatch o Biotecnópolis.

En lo tocante a la financiación, Guzmán ha reiterado las pretensiones de la sede universitaria de abordar la instauración de un nuevo modelo en el que no se primen factores exclusivamente cuantitativos, por los perjuicios que este patrón acarrea a la UPO. En un contexto en el que la universidad ha debido proceder a aplicar un plan de reequilibrio, con el que se espera registrar cifras "aceptables" en la liquidación del ejercicio presupuestario de 2013, el rector ha agradecido la inclusión de la institución en el mecanismo de pago a proveedores.

Dicho instrumento, que permitirá el abono de 11,1 millones de euros en facturas, "alivia" a la UPO y deja en 7,5 millones la deuda con proveedores. En cuanto al débito de la Junta, es de 16 millones, 23 incluyendo a otras administraciones.

Se propondrá a ramírez garrido como comisionado defensor

Por último, Guzmán ha abordado otros temas como la puesta en marcha para antes de finales de año de la inspección de servicio, para detectar y mejorar "ineficiencias", o la situación de vacancia en la que se encuentra la Defensoría Universitaria después de que, por pocos votos, Juan Daniel Ramírez Garrido reeditara la situación que ya protagonizara Eduardo Gamero y no lograra la mayoría precisa para hacerse con el cargo.

Al respecto, ha confirmado que propondrá al Consejo de Gobierno el nombramiento de Ramírez Garrido como comisionado, por un plazo máximo de un año y hasta que se celebren nuevas elecciones a Defensor, y ha incidido en la conveniencia de "reflexionar" sobre la "incapacidad" del Claustro para una elección "no controvertida". "Si el rector mereciera una bofetada por alguna causa, el Defensor Universitario no es el tema con el que hay que darlo, pues la acaba sufriendo la propia institución", ha apostillado.

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