Ecologistas califican de "triste", "burla" y "escandalosa" la sentencia, una "carta blanca" para contaminar

Las organizaciones ecologistas han calificado de "triste", "burla", "escandalosa" e "inútil" y "carta blanca para contaminar" la sentencia emitida este miércoles sobre el accidente del barco petrolero Prestige, que hace once años provocó un desastre ambiental sin precedentes frente a la costa de Galicia y que afectó a toda la cornisa cantábrica y a Portugal y Francia.
Labores de limpieza de chapapote
Labores de limpieza de chapapote
EUROPA PRESS

Las organizaciones ecologistas han calificado de "triste", "burla", "escandalosa" e "inútil" y "carta blanca para contaminar" la sentencia emitida este miércoles sobre el accidente del barco petrolero Prestige, que hace once años provocó un desastre ambiental sin precedentes frente a la costa de Galicia y que afectó a toda la cornisa cantábrica y a Portugal y Francia.

Así, la portavoz de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, lamenta que los verdaderos responsables, políticos y empresas implicadas, no estaban sentados en el banquillo de los acusados. En declaraciones a Europa Press, ha dicho que más allá de la sentencia, es "un pena" que se demuestre que no se cumple en absoluto el principio de quien contamina paga.

En este contexto, ha subrayado que los grandes perjudicados han sido el medio ambiente, la población local y los españoles en general, que han pagado la reparación. Además, ha lamentado que la Ley de Responsabilidad Ambiental excluyó expresamente los daños por derrames de petróleo con la "excusa" de que estaba ya cubierto por los convenios internacionales que, se ha demostrado aquí, que no sirve para reparar los daños ni para que los "verdaderos culpables" asuman su responsabilidad. "No ha cambiado nada", ha apostillado.

Por su parte, el responsable del programa marino de WWF, José Luis García Varas, califica de "bastante triste" la sentencia porque de nuevo el gran perjudicado es el medio ambiente y porque en una catástrofe como esta no se ha podido determinar un culpable. A su juicio, esto lleva a plantearse la influencia del entramado que tienen las empresas que están detrás de los fletes del petróleo para evitar responsabilidades.

"Nos sorprende que ni la empresa armadora, ni la que hizo el flete del petróleo hayan podido ser juzgadas y que un barco como este, que posiblemente cumplía todos los requisitos legales, pudiera salir del puerto. Jamás debería haber zarpado con una carga como la que tenía", ha manifestado.

Asimismo, ha advertido de que la sentencia no ayudará a mejorar el transporte marítimo internacional, sobre todo de los productos peligrosos, sino todo lo contrario.

Igualmente, ha criticado que con esta sentencia se avala que sale a cuenta contaminar porque parece que las empresas no tienen que hacer todos los esfuerzos para que su producto llegue en condiciones de seguridad adecuadas. "Al contrario que las del Exon Valdés o el Erika, esta no es una sentencia ejemplarizante y va en contra de una mayor seguridad en la navegación", ha concluido al tiempo que reclama una mejora en la gobernanza mundial de los Océanos.

Las consecuencias permanecen

Respecto al área afectada, ha explicado que once años después se ha recuperado de forma importante gracias a que es un área de gran oleaje. No obstante, ha añadido que "aún se siguen percibiendo las consecuencias" del petróleo que está en zonas de sumidero y depósito y que vuelve a recircular en la columna de agua cuando hay temporales y mar de fondo y que algunas aves aún no han vuelto a la zona.

Por su parte, la responsable de la campaña de energía de Greenpeace, Raquel Montón, ha señalado que si en la mayor catástrofe ambiental de España no hay culpables no es porque no existan, sino porque no están en el banquillo. En este sentido, ha criticado que no sea posible juzgar a las empresas políticas implicadas ni a los responsables políticos que tomaron las decisiones.

"Podrá volver a ocurrir lo mismo porque la justicia es incapaz de poner el cascabel al gato en catástrofes ambientales. Se da la impunidad a los delitos ambientales en España", ha advertido. Montón ha apuntado también que tanto Fisterra como Gibraltar son dos pasos marítimos estratégicos del transporte internacional por lo que las empresas, ante esta sentencia, tendrán una mayor tranquilidad si sufren un accidente en España.

En todo caso, ha manifestado que una caso es el accidente y otra la catástrofe, que sobrevino por cómo se gestionó el accidente y que otorga una carta blanca a la industria petrolera para poner en riesgo el medio ambiente. "La sentencia confirma que contaminar o generar un desastre ambiental en España no tiene consecuencias, algo que Greenpeace considera inaceptable", ha apostillado.

Una burla a los voluntarios

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, esto es "una burla" no solo porque no establece responsables sino porque justifica la decisión política de alejar el barco de la costa, lo que supuso convertir un accidente grave en una catástrofe ambiental. Por ello, cree que es "irresponsable" avalar la decisión con esta sentencia y ha calificado de burla tener que esperar once años para un fallo como este.

"Se echa por tierra el trabajo de los miles de voluntarios que estuvieron limpiando, los impactos ambientales, sociales y económicos y demuestra que la justicia española no está preparada para abordar grandes catástrofes. Esta es una sentencia grave", ha manifestado.

Oberhuber cree también que debería quedar claras las responsabilidades económicas y quién pagará finalmente los daños.

Mientras, el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha dicho que la sentencia es un "jarro de agua fría" y un "bofetón" a los miles de personas que se involucraron en la lucha contra esta catástrofe, muchos de los cuales arrancaron el fuel de las rocas con sus manos y han tenido que esperar 11 años a que la justicia emita esta sentencia.

Por eso, ha expresado su decepción por que no hay responsables políticos ni empresariales ante un "enorme delito ecológico" que, como el accidente de Bolidén, "queda impune". "Esto es algo que no podemos aceptar sin mostrar nuestra indignación", ha señalado.

En este contexto, ha recordado que cuando se produjo el accidente él era director ejecutivo de Greenpeace y coordinó el trabajo de la ONG en la zona. "Lo recuerdo muy vivamente. Lo tengo metido en el corazón. Fue muy duro, pero la movilización social también fue el mayor acto de solidaridad ecologista que ha habido en España", ha rememorado.

Por eso, ha dicho que Equo hay "claras responsabilidades" del entonces vicepresidente del Gobierno Mariano Rajoy, del presidente José María Aznar y, "sobre todo" del ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos.

"Tres cargos políticos que destacaron por su pésima gestión, a espaldas de la ciudadanía y por la toma de decisiones negligentes que ocasionaron consecuencias gravísimas para el medio ambiente y las personas", ha sentenciado.

En la misma línea, la directora ejecutiva de SEO/Birdlife, Asunción Ruiz, cree que la sentencia "frustra" a la sociedad civil porque no está a la altura de la mayor catástrofe ambiental en España. Sin embargo, más allá de este hecho ha lamentado que en estos once años transcurridos, España no ha hecho lo suficiente ni se ha actuado con diligencia para armarse con los elementos suficientes para prevenir y evitar un accidente de esta naturaleza ni, para en el caso de que se volviera a producir, se pueda producir una sentencia ejemplar.

A su juicio, este caso pone de manifiesto la necesidad de que se cree un tribunal especial para medio ambiente, que está desprotegido. "La sentencia es una muy buena evidencia de la debilidad de las organizaciones públicas para abordar la defensa del medio ambiente, de la debilidad de los tribunales para defenderla y la debilidad de la sociedad civil para disfrutar del medio ambiente según dicta el artículo 45 de la Constitución", ha finalizado.

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