El expresidente de Perú Alberto Fujimori ha denunciado penalmente al ministro de Justicia, Daniel Figallo; a la antecesora de este, la canciller Eda Rivas; al jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Pérez Guadalupe; y a la directora del penal de Barbadillo, Kathy del Águila, por los presuntos delitos de tortura y abuso de autoridad.

En comunicación con el diario peruano 'El Comercio', el abogado de Fujimori, Castillo Dávila, ha indicado que entregó la acusación este mismo martes a la Fiscalía de la Nación.

Asimismo, ha explicado que se ha incluido en la denuncia penal a Rivas porque en setiembre de 2012, cuando aún era ministra de Justicia, ingresó a la celda de Fujimori acompañada por funcionarios del INPE y autorizó que se tomasen fotografías de las instalaciones, "incluyendo la del retrete, que luego se filtraron a los medios".

El letrado también ha señalado que desde ese momento "se acentuaron las acciones arbitrarias" en contra de su representado. En esa línea, ha considerado que la grabación de Fujimori en la clínica Centenario, en la que se observa y escucha al exjefe de Estado alzarle la voz a una enfermera, constituye un segundo acto de hostigamiento.

En este listado, el tercero es el corte de la línea telefónica con la que contaba el encarcelado expresidente tras la entrevista que brindó a Radio Programas sin que ésta fuese autorizada por el INPE.

"La tortura es un delito que se produce en situaciones de hostilización, vejación y trato humillante de parte de funcionarios del Estados en contra de un reo. Se ha tratado de anular la personalidad y disminuir su capacidad mental de Fujimori por medio de coacción y castigándole por infracciones sin indicar la normativa vigente", ha manifestado.

El abogado dice que ha conversado con Fujimori para afinar los últimos detalles de la demanda que presentó ante el Ministerio Público. "El hecho que le hayan quitado el teléfono ha agravado su depresión. Esta mañana tuvo picos elevados de hipertensión y estar sometido al silencio de su celda lo induce a una ansiedad tremenda", ha indicado.

"No quieren entender que el expresidente está enfermo. Aquí hay un abuso sin límites, ni siquiera le han notificado la infracción que cometió", ha sentenciado.

Por su parte, el ministro Daniel Figallo ha considerado que "no tienen fundamento" que la defensa de Fujimori lo denuncie por una decisión que adoptó el INPE. En este sentido, insiste en que "el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no realiza ninguna acción que tienda a dirigir lo que es tarea del INPE".

Finalmente, el jefe del INPE ha detallado este martes, tras presentarse en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, que Fujimori habría violado los artículos 37 y 40 del Código de Ejecución Penal, que establecen con quienes sí puede comunicarse un reo y que no menciona a los medios de comunicación.