En torno al 87 por ciento de los trabajadores de Lear en la planta madrileña de Valdemoro han ratificado este lunes en asamblea las condiciones de traslado negociadas entre los sindicatos y la dirección de la multinacional para que casi un centenar de empleados sean destinados voluntariamente a la planta de Épila, en Zaragoza, con una compensación de 10.000 euros para, entre otras cuestiones, el alquiler de una vivienda.

Las condiciones aceptadas también señalan una indemnización por despido de 51 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades y un plus de 2.000 euros para una veintena de empleados y para todos aquellos que no acepten el traslado de manera voluntaria.

Por último, una decena de trabajadores se quedarán en el departamento de Villaverde, en Madrid, mientras que si alguno de los trasladados no se adapta a sus nuevas circunstancias "en un plazo prudencial" podrán optar a las condiciones de despido anteriores.

Acuerdo "satisfactorio"

Así se refleja en el documento negociado por el sindicato UGT, mayoritario en el comité de empresa, cuyo secretario de organización del sector del Metal y la Construcción, Jesús Acicolla, ha señalado que se trata de un acuerdo "satisfactorio" a pesar de que "te queda el sabor amargo de que una vez más una factoría de la Comunidad de Madrid se deslocaliza y se van da la región 120 puestos de trabajo".

"Nuestro mayor énfasis ha sido sacar las mejores condiciones posibles para los trabajadores", según Acicolla, que ha señalado que "en esta empresa desde el primer día ha habido buena fe de negociación en las dos partes".

Traslado a épila

Hace un mes la multinacional Lear, fábrica de asientos y tapizados para coches, anunció el cierre de su planta en Valdemoro para centralizar la producción en Épila, Zaragoza, con la propuesta de traslado para en torno a 95 trabajadores (66 directos y 29 indirectos) y el despido de una veintena.

La pasada semana el conflicto llegaba a la Asamblea de Madrid a través de una pregunta del diputado socialista Jesús Dionisio, que pedía al gobierno regional que evitase el cierre de esta planta ya que "no hay motivos económicos", a lo que respondía el consejero de Economía, Enrique Ossorio, defendiendo que no pueden "interferir" en las decisiones de las empresas.