La reforma del Estatuto de Murcia, acordada por PP, PSOE e IU, recibirá el jueves de la próxima semana en el Senado el visto bueno definitivo de las Cortes Generales y habilitará al Gobierno regional, "en caso de extraordinaria y urgente necesidad", a dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decreto ley.

Formalmente, el Senado abrió la pasada semana un plazo de enmiendas que finaliza el día 19, pero dado que no se espera ninguna iniciativa gracias al consenso del que goza la reforma, la Junta de Portavoces ha acordado este martes fijar para la próxima semana el debate de la reforma en el Pleno de la Cámara para su aprobación final, según han informado fuentes parlamentarias.

El proyecto llegó a las Cortes Generales el pasado 1 de marzo y saldrá de ellas nueve meses después. El mes pasado, el Pleno del Congreso aprobó el texto sin ningún cambio respecto al remitido por el Parlamento de Murcia, con el apoyo de los tres partidos presentes en esa asamblea, PP, PSOE e IU, y además el de CiU, la Izquierda Plural, PNV y el Grupo Mixto. UPyD se ha situado en contra de la reforma.

Esta modificación del Estatuto de Murcia tiene como único objetivo la inclusión en el artículo 30 de un nuevo punto para habilitar al Gobierno regional, "en caso de extraordinaria y urgente necesidad", a dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decreto ley, estableciéndose asimismo sus límites materiales y los trámites para su convalidación por la Asamblea Regional.

La de Murcia es la primera reforma estatutaria que se tramita en esta legislatura y, su activación permitirá que antes de fin de año arranque el debate en el Congreso del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, impulsado por el PP para recortar los diputados autonómicos en esa comunidad, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Además, el Congreso tiene pendiente tramitar, desde la anterior legislatura, una reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana para reclamar más financiación al Estado basándose en la denominada 'cláusula Camps', debate que se ha aplazado hasta en tres ocasiones en el Congreso a petición de las Cortes regionales por distintos motivos, lo que siempre ha conllevado la protesta de PSOE e IU, que avalan la reforma y se quejan de que el PP no la quiere debatir en el Congreso porque tendría que votar en contra.