El 6,4% de las contrataciones a trabajadores con discapacidad implica movilidad interprovincial, un dato que aún se encuentra a más de cinco puntos del porcentaje correspondiente al mercado laboral nacional en España (11,92%), según refleja el I Informe por la Diversidad realizado por Fundación Randstad.

Titulado La movilidad regional de los trabajadores con discapacidad, el estudio señala que, en términos absolutos, en España hay más de 150.000 personas con discapacidad ocupadas (150.278 a 31 de diciembre de 2012), de las que casi 10.000 han tenido que cambiar de región para incorporarse al mercado laboral.

El estudio se ha elaborado a partir de una encuesta pasada a diversas empresas del panorama nacional y de la valoración de los datos oficiales de contratación de trabajadores con discapacidad presentes en el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), correspondientes a 2012.

A nivel nacional, el número de contratos que han generado desplazamiento interprovincial en profesionales con discapacidad ha experimentado un aumento del 3,7% en el último año, lo que sitúa la tasa de movilidad en el 6,4%.

La comunidad autónoma con la tasa más elevada es La Rioja, ya que el 15,4% del total de sus contrataciones conlleva desplazamiento de sus trabajadores. Le siguen Castilla-La Mancha, con el 13,6%, Castilla y León y Navarra, ambas con una tasa en torno al 8,3%.

En el lado opuesto, Randstad destaca el bajo índice de movilidad de Canarias y Asturias, que supera por poco el 2%. Baleares alcanza un índice del 3,7%, mientras que Extremadura se sitúa en el 4,1%.

Por otra parte, el informe indica que las autonomías con un mayor volumen de contrataciones de personas con discapacidad son Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, regiones en las que la tasa de movilidad se sitúa a medio punto porcentual o menos de la media nacional, que se encuentra en 6,4%.

Atendiendo al saldo migratorio —la diferencia entre profesionales que entran en la región para trabajar y aquellos que deben emigrar para incorporarse al mercado laboral—, destaca el saldo positivo de Madrid, donde en 2012 entraron más de 1.750 trabajadores con discapacidad para trabajar mientras 520 salieron, así como el de Cataluña y el País Vasco, con saldos de 206 y 151, respectivamente.

En el lado opuesto se encuentra Castilla-La Mancha, cuyo saldo negativo roza las 500 personas, así como Murcia y Andalucía, con un saldo negativo de 272 y 201 trabajadores respectivamente.

Por otra parte, el trabajo abunda en las diferencias que suponen los distintos tipos de discapacidad y concluye que es un factor que influye en la movilidad.

María Viver, directora de Fundación Randstad, afirma en este sentido que "las personas con discapacidad sensorial o incluso orgánica son más propensas a buscar oportunidades laborales en otras regiones, frente a aquellas con discapacidad mental o física, donde esta movilidad se ve reducida, ya que en muchas ocasiones necesitan del apoyo familiar para su vida diaria".

El informe propone, asimismo, analizar el conocimiento de la Ley de Integración de los Minusválidos (Lismi) y su aceptación y cumplimiento por parte de empresas para identificar las medidas pertinentes para mejorar.

La Lismi establece, para las empresas con una plantilla superior a 50 trabajadores, la obligación de contratar a un número de profesionales con discapacidad igual o superior al 2% del total de su plantilla.

A tenor de los datos de este trabajo, el 56% de las empresas encuestadas (de más y menos de 50 trabajadores) admite conocer la Lismi, sus obligaciones, beneficios y objetivos, y el 55% dice contratar a empleados con discapacidad.

Para empresas con más de 50 trabajadores, este ratio se eleva hasta el 80%, si bien el 64% de ellas reconoce que el motivo principal por el que ha incorporado a un trabajador con discapacidad es el cumplimiento de la ley.