El juicio contra el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y exdiputado del PP en las Corts, Rafael Blasco, y otras ocho personas más por la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se investigan presuntas irregularidades en las ayudas concedidas por ese extinto departamento de la Generalitat a la Fundación Cyes, comenzará el próximo 7 de enero.

Así lo han confirmado fuentes judiciales, quienes han explicado que la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ya tiene reservados los días previstos para la vista, que podría durar entre uno y dos meses, y ahora tiene que cuadrar las fechas con las agendas de los letrados de los nueve acusados. Este mismo lunes se produjo una reunión entre el secretario de la sala y los abogados para tratar el calendario.

El juicio arrancará el día 7 de enero con las cuestiones previas que planteen los diferentes abogados, y que podrían alargarse toda la jornada. Para los días siguientes, ya será el turno de Rafael Blasco, los otros ocho acusados, y las decenas de testigos solicitados tanto por parte de Fiscalía como de las defensas. Algunos de ellos declararán por videoconferencia, han apuntado las mismas fuentes.

Los otros ocho acusados en esta pieza son el empresario, actualmente en prisión, Augusto César Tauroni; el que fuera subsecretario de la Consejería de Solidaridad, Alexandre Catalá; el exdirector general, Josep María Felip; el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; la exsecretaria de Cooperación, Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación, Josefa Cervera Tomás.

La declaración de Blasco, actualmente parlamentario no adscrito, podría ser la más larga de todos los acusados. En instrucción, su interrogatorio se prolongó durante aproximadamente nueve horas, y mantuvo que los expedientes firmados con ONGs eran "legales" y que fueron revisados por "por todas las instancias", según declaró en ese momento.

El exconseller y las otras ocho personas más están acusadas de presuntos delitos de tráfico de influencias, de falsedad, prevaricación, malversación y fraude. La Fiscalía Anticorrupción solicita hasta 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para Rafael Blasco.

Por su parte, la Generalitat, personada como acusación particular, reclama hasta once años y medio de cárcel para el exconseller, mientras que el PSPV pide 15. Para el resto de acusados, la petición de Fiscalía oscila entre los cuatro y los 13 años, mientras que las otras acusaciones reclaman entre cuatro años y medio y once de prisión.

Siguiente paso

El siguiente paso que debe darse es que la sala dicte un auto de admisión de pruebas, en el que confirmará todas aquellas pruebas que da por admitidas para la celebración de la vista, y que han solicitado todas las partes. En esta misma resolución, también se fijará el calendario definitivo de las declaraciones, han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

La jueza instructora de la causa, Pía Calderón, llegó a la conclusión indiciaria de que por resoluciones de Blasco de julio y agosto de 2008 se aprobaron a la Fundación Cyes cinco proyectos en el ámbito de la cooperación —por los que obtuvo 1.827.84 euros— que no debieron ser concedidos al incumplirse requisitos "imprescindibles" como la falta de concurrencia en red con entidad domiciliada en la Comunitat y no estar acreditada la experiencia previa.