El exalcalde de Benalmádena (Málaga) Enrique Bolín ha asegurado este lunes que concedió por decreto licencias para la construcción de una vivienda porque ya se habían corregido los problemas técnicos y, en cualquier caso, se contaba con los informes correspondientes favorables; aunque ha asegurado que no veía todo el expediente completo, sino una carpeta con la propuesta final.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga ha acogido este lunes el juicio al exregidor de Benalmádena, acusado por un delito contra la ordenación del territorio al conceder por decretos las licencias de obras necesarias para la construcción de una vivienda en contra de las normas vigentes, según la Fiscalía, que pide un año de prisión y 10 de inhabilitación.

Se le acusa de haber concedido primero la licencia de obras, aunque la vivienda proyectada tenía tres alturas cuando lo permitido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) eran dos, según la acusación. Asimismo, también dio permiso para un casetón, habiendo otro informe negativo del arquitecto-técnico y, finalmente, otorgó la primera ocupación, sabiendo que no podía darse.

Bolín ha admitido que sabía de la existencia de un informe técnico contrario al inicio de las obras y ha dicho que dio la primera licencia a pesar de eso porque "el expediente que me llevan era positivo, por eso entiendo que los problemas están subsanados". Respecto al casetón, ha señalado que no recuerda informe negativo y solo tuvo conocimiento del tema cuando paraliza la obra.

Sobre la licencia de primera ocupación, ha declarado que cuando la da "hay un informe favorable del técnico competente". No obstante, ha indicado que no veía el expediente completo y, de hecho, los informes técnicos no estaban "nunca". "No me llega el tocho, solo una carpeta con la propuesta de la licencia de la Unidad Administrativa", ha indicado, que tenía la función de comprobar los informes.

Ha asegurado que no tenía interés especial en conceder estas licencias y ha precisado, a preguntas de su defensa, que si había dos informes en sentido contrario no decidía él qué documento elegir para hacer la propuesta. Además, ha añadido que si no hubiera firmado estas licencias, "hubiera prevaricado o me hubieran pedido daños y perjuicios".

El juicio ha quedado visto para sentencia. El fiscal, que sostiene que la actuación del entonces regidor fue "parcial, infundada e improcedente", ha mantenido su peticiones de pena y su acusación; al igual que la acusación particular, que representa a los propietarios de una vivienda cercana. Asimismo, la defensa ha sostenido que procede la absolución de su patrocinado.