Toxo señala que el sindicato asumirá "por imposición" la responsabilidad subsidiaria en la fianza a Roberto Carmona

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha señalado este lunes que el sindicato asumirá "por imposición" del auto judicial la responsabilidad subsidiaria en la fianza de responsabilidad civil de 471.352 euros que le impuso la juez Alaya al exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Manuel Roberto Carmona Soto, "si finalmente él no puede hacerlo".

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha señalado este lunes que el sindicato asumirá "por imposición" del auto judicial la responsabilidad subsidiaria en la fianza de responsabilidad civil de 471.352 euros que le impuso la juez Alaya al exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Manuel Roberto Carmona Soto, "si finalmente él no puede hacerlo".

En rueda de prensa para presentar las movilizaciones previstas en noviembre bajo el lema 'Defendamos lo público, defendamos las pensiones, defendamos a las personas', Toxo ha señalado que conoce a Carmona "desde hace muchísimos años" y sabe que "no tiene bienes para hacer frente a esta fianza" que es "absolutamente desproporcionada" porque "no tiene nada que ver con la actuación de Roberto en relación con el expediente".

Asimismo, ha apuntado que los servicios jurídicos de CCOO están trabajando y han recurrido la fianza y el auto. "Apelaremos todas las instancias porque no lo compartimos", ha subrayado.

Cabe recordar que Carmona Soto ha recurrido la fianza de responsabilidad civil de 471.352 euros que le impuso la juez Alaya alegando que "no dispone de bienes para garantizar o hacer frente a dicha fianza", ya que "es jubilado y reside en un piso en un barrio obrero de Sevilla".

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del imputado dice que el auto dictado por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, carece de motivación, pues le imputa un delito de malversación de caudales públicos "cuando no se dan ninguno de los presupuestos del tipo delictivo" y "no existe ningún indicio de criminalidad" a este respecto.

La instructora imputó al exdirigente sindical haberse dirigido entre 2006 y 2007 al dueño de Uniter, José González Mata, a fin de solicitarle "que le hiciera entrega de ciertas sumas de dinero" para "paliar los gastos que habían tenido los sindicatos con motivo del proceso de la llamada Faja Pirítica en concepto de viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas, reuniones informativas y demás gastos de convocatoria".

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