La Guardia Civil ha imputado a tres exaltos cargos de la Junta por los ERE en los últimos meses

  • Ha tomado declaración a 12 testigos en los últimos meses.
  • Está elaborando un informe sobre las ayudas destinadas a empresas.
  • Y estudios patrimoniales de distintas personas.
Imagen de archivo de unos agentes de la Guardia Civil.
Imagen de archivo de unos agentes de la Guardia Civil.
Archivo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha tomado declaración como imputados en los últimos meses a tres exaltos cargos de IFA/IDEA, dentro de la investigación que está llevando a cabo en relación con el caso de los ERE irregulares de la Junta de Andalucía.

Además, también han comparecido ante los agentes, aunque en calidad de testigos, otras 12 personas vinculadas a dichas empresas públicas.

En un oficio elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso la UCO da cuenta a la jueza Mercedes Alaya del estado de las investigaciones, señalando que, "debido a la complejidad y dimensión que caracteriza a esta investigación, se han acometido varias líneas de progresión, trabajando de manera paralela en las mismas e incorporando conjuntamente los avances que presentaban rasgos comunes".

Todo ello, añade, con el fin de "aglutinar conclusiones que fueran capaces de explicar todos los hechos ocurridos de una manera globalizada, identificando, como último fin, a todas aquellas personas que hubiesen tenido participación en cualquier actividad delictiva, delimitando su área de responsabilidad".

Según la UCO, "a medida que se profundizaba en el estudio de estas líneas investigativas, descubriendo nuevos hechos que hasta ese momento habían permanecido ocultos, y ante la evidencia de no poder avanzar en las misma siguiendo idéntico método de trabajo, se hizo necesario plantear la utilización de nuevas herramientas policiales y procesales, como la declaración del secreto de actuaciones, la práctica de detenciones, registros domiciliarios y nuevas imputaciones".

La Guardia Civil asevera que "estos esfuerzos, como es lógico, fueron en detrimento de la intensidad impresa en otras diligencias, pesquisas y estudios que se estaban desarrollando al mismo tiempo, retomándolos con la misma intensidad una vez ha sido posible".

Una de las líneas de investigación que resultó "afectada" fue la relacionada con "el funcionamiento de distintas consejerías de la Junta, concretamente aquellas que estuvieron adscritas a la agencia IFA/IDEA, así como las que participaron de algún modo en la elaboración del presupuesto de la empresa pública mencionada, en el mantenimiento del programa 31.L (conocido como fondo de reptiles) y en las diferentes modificaciones presupuestarias".

Tras señalar que, en estos momentos, "se está volviendo a incidir en este asunto", tras lo que sus resultados se plasmarán en un "futuro" informe, la Guardia Civil informa de que ha tomado declaración como imputadas a tres personas, en concreto a los ex directores generales de Finanzas del IFA Pablo Millán y Juan Vela, que se acogieron a su derecho a no declarar, y a Juan Carlos Ollero Pina, director de las empresas participadas del IFA desde 1996 a 2001 y director general del IFA entre 2001 y marzo de 2002.

Testigos

Como testigos han comparecido 12 personas, entre ellas cinco exsecretarios generales del IFA, en concreto Juan Francisco Aguado, Miguel Lucena, Antonio Lara, Plácido Domingo, y Francisco José Oyonarte; el exdirector general del IFA Francisco Mencía; el exdirector general de la agencia IDEA Miguel Angel Serrano, o el expresidente del IFA Salvador Durbán, entre otros.

Los agentes precisan que también se encuentran elaborando un informe sobre las ayudas destinadas directamente a las empresas, y en particular a aquellas que se concedieron en la Sierra Norte de Sevilla, "prestando especial atención" a las relacionadas con José Enrique Rosendo y José María Sayago, sobre cuyas empresas "se está realizando un estudio profundo".

Al mismo tiempo, la Guardia Civil está analizando "una parte importante" del resto de ayudas relacionadas con la Sierra Norte sevillana, ya que las mismas "coexistieron con muchas de las que se concedieron en esta región", todo ello al tiempo que "se han estado realizando diversas gestiones y peticiones de información que están permitiendo relacionar nuevas sociedades beneficiarias de ayudas, así como a nuevas personas que pudieron haber participado en los hechos investigados".

El Instituto Armado, que está haciendo diferentes estudios patrimoniales de varias personas, así como de su entorno personal y empresarial, desvela que, el pasado 7 de agosto, la exasesora de la Consejería de Empleo María José Rofa aportó de forma voluntaria nueva documentación que se está estudiando, para lo cual anuncia que tomará nueva declaración a la imputada.

Asimismo, señala que, a partir de la operación Heracles desarrollada, en dos fases (marzo y octubre), se están analizando las 29 ayudas sociolaborales relativas a las empresas que hubieren obtenido subvenciones abonadas en 2003, incluyendo las ayudas que hubieren recibido con anterioridad a dicha fecha algunas de estas sociedades, en particular Jerez Industrial, Gestifesa y el Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto (Sevilla).

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