El secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, ha asegurado que tienen "la conciencia muy tranquila" y deja claro que "ningún compañero" ha pedido su dimisión, tras lo que ha apuntado que el sindicato por el momento no ha recibido ninguna notificación oficial de la Junta de la apertura del expediente de revisión de oficio sobre los fondos públicos concedidos al sindicato UGT-A por considerar "insuficiente" la documentación aportada hasta ahora al funcionario instructor.

En declaraciones a los periodistas, Fernández Sevilla ha dejado claro asimismo que el sindicato "no se ha desentendido en absoluto del exsecretario general de UGT Cádiz, Salvador Mera", tras ser preguntado por el hecho de que UGT-A ha recurrido el auto en el que la juez Mercedes Alaya impuso una fianza de responsabilidad civil de 251.041,37 euros al exsecretario general de UGT en Cádiz Salvador Mera y declaró la responsabilidad subsidiaria del sindicato, pues UGT-A entiende que la misma debería ser atribuida en su caso a la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de la UGT (Fitag-UGT).

"Seguimos entendiendo que Salvador Mera lo ha hecho todo correctamente, no hay ningún cambio al respecto", ha agregado Fernández Sevilla, quien ha explicado que el sindicato se ha dirigido a la juez, "que se supone que debe conocer nuestra organización, pero nosotros nos brindamos para que la conozca y sepa a quien corresponde las competencias y en función de ello tendrá que nombrar la responsabilidad civil a quien corresponda".

El dirigente sindical ha explicado que UGT "es una confederación de federaciones estatales, federaciones que tienen las competencias de política sindical, donde se enmarca la negociación de los expedientes de regulación de empleo, mientras que las uniones territoriales, tanto la Comisión Ejecutiva federal como la regional, tienen otras competencias".

De esta forma, asevera que UGT-A "no tiene competencias ni ha negociado nada sobre los ERE, por lo que no tiene sentido que la responsabilidad civil sea para UGT-A, y queremos que la juez clarifique a qué estructura de la UGT corresponde".

"Todo ello no significa desentendernos, pues al compañero Salvador Mera en este caso se le va a seguir apoyando", ha agregado.

Por otro lado, preguntado por la apertura del expediente de revisión de oficio sobre los fondos públicos concedidos al sindicato UGT-A, el líder sindical ha explicado que se ha abierto "un proceso administrativo normal para clarificar las dudas que puedan existir debido a la publicitación en distintos medios los distintos programas de UGT-A" y ha agregado que se ha ofrecido a "clarificarlo ante la administración autonómica andaluza y ante quieren corresponda".

Fernández Sevilla indica que oficialmente no conoce el procedimiento de revisión de oficio, de forma que "cuando nos manden la documentación tendremos oportunidad de revisarla, leerla, analizarla y clarificar qué es lo que hay".

"Estamos encantados de que una vez por todas se revise por quien corresponda y claramente se verifique cual es la situación y demostraremos que todo lo que hay es correcto salvo errores puntuales", ha aseverado Fernández Sevilla, quien insistió en que "ya se ha dicho por activa y por pasiva que se han devuelto a la Junta los 25.000 euros requeridos".

Asimismo, preguntado por si se ha planteado en algún momento presentar su dimisión, Fernández Sevilla ha apuntado que tiene "todos los días la dimisión sobre la mesa para mis compañeros que me eligieron, pero en absoluto ninguno ha pedido mi dimisión". "Tengo la conciencia tranquila de que en mi responsabilidad en la dirección de sindicato se están haciendo las cosas correctamente y esa es la que tienen los compañeros del conjunto de la organización, y el día que lo entiendan de otra manera no tendré por qué estar ni un segundo más del tiempo que ellos quieran", asevera Fernández Sevilla.

Declaraciones de carbonero

Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, preguntado por la petición que ha hecho el PP andaluz de que comparezca en el Parlamento por "posibles actuaciones fraudulentas con fondos públicos" y que presente una serie de facturas, ha asegurado que "nadie nos ha pedido nada ni nos ha dicho nada ni sabemos nada de esa cuestión", aunque asegura tener "el convencimiento de que las actuaciones de CCOO han estado enmarcadas en la legalidad vigente".