El hasta ahora alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, comienza este viernes el cumplimiento de la condena de un año de suspensión para cargo municipal impuesta en el denominado caso 'Troya' por la Audiencia de Málaga, ratificada hace algo más de un mes por el Tribunal Supremo. En cuanto a la multa de 200.000 euros, la Sala le ha dado un plazo de 10 días para abonarla.

Martín Serón y el hasta ahora concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, que también fue condenado a la misma pena, fueron citados para acudir este viernes a la Sección Octava de la Audiencia, que se encargó de celebrar el juicio, con el fin de que se les comunicara la firmeza de la sentencia y el inicio de la ejecutoria correspondiente a este caso.

A la salida de la Ciudad de la Justicia, el hasta ahora regidor ha explicado a los periodistas que este viernes ha delegado "plenitud de competencias" durante este año, de forma que la primera teniente de alcalde, Antonia Ledesma, ejercerá las funciones de Alcaldía en este tiempo. Ha añadido que la suspensión, que cumplirán "con las consecuencias", dejará de ser efectiva el 9 de noviembre de 2014.

Sobre su regreso, ha reiterado, como ya hizo cuando el Supremo confirmó la condena, que "por una cuestión de honor" volverá y tomará posesión de nuevo una vez termine la suspensión. "Dentro de un año, volveremos al Ayuntamiento y ya decidiremos si voy a continuar, si me voy a presentar, eso lo voy a posponer para esa fecha, porque un año es mucho tiempo", ha apostillado.

Ha rechazado que vaya a ser alcalde en la sombra este tiempo y, una vez vuelva, "no sé lo que haré a partir de ahí, depende de las circunstancias, yo siempre he estado al servicio del pueblo, he estado ejerciendo un cargo público por vocación y lo voy a seguir haciendo si me lo requieren, si no, no, y si las circunstancias también lo requieren", ha apostillado.

Ha reconocido estar "cansado", al haber "sufrido mucho nosotros, nuestras familias y nuestro pueblo y muchas veces me pide el cuerpo irme", pero, por otro lado, ha dicho, "tengo una obligación contraída con mi pueblo de terminar este mandato". Ha señalado que "muchas veces" ha pensado en dimitir, como otros alcaldes, pero no por esta causa, insistiendo en que la sentencia "es injusta para nosotros".

Martín Serón ha argumentado que, aunque desde que se dictó la sentencia del Supremo "ha habido mucha polémica" sobre su marcha y los dos decretos de delegación de funciones en Ledesma firmados por periodos de 10 días, "desde un punto de vista legal, no podíamos empezar la suspensión hasta que no recibiésemos la ejecutoria que es lo que hemos recibido hoy".

Ha asegurado que durante este año "voy a trabajar, lógicamente", explicando que seguramente buscará trabajo en el ámbito privado. Ha indicado que él tiene una excedencia en un banco "e igual vuelvo, lo estoy pensando", aunque también ha apuntado a la posibilidad de dedicarse a sus tareas como economista. En cuanto al concejal, ha dicho que también tendrá que buscar empleo.

Respecto a las minutas por las defensas, ha explicado que el Ayuntamiento pagó "por la parte que nos absolvieron" en esta causa, pero el resto, así como el recurso ante el alto Tribunal, lo han pagado cada uno, al haberse desestimado, "aunque si hubiésemos ganado, nos tendría que haber pagado el Ayuntamiento esos honorarios". Ha dicho que seguirán "luchando" y, posiblemente, se presentará recurso ante el Constitucional.

Tanto Martín Serón como Guerra fueron condenados en enero de 2012 por un delito de cohecho. La sentencia consideró probado que el edil "de común acuerdo" con Martín Serón, que pese a haberle delegado las competencias en esta materia "le impartía instrucciones y órdenes" al respecto, "venía exigiendo con insistencia", al menos desde mayo de 2006 a un promotor, que denunció los hechos, "con ánimo de enriquecerse y sirviéndose de la ventaja que les proporcionaba su cargo oficial, el pago de la suma de 122.000 euros".

Esta cantidad se pedía, según la resolución de la Sala, luego confirmada, "como contrapartida a la licencia de obras" que fue "concedida por el concejal" a través de un decreto en abril de 2006 y eran para las obras de construcción de un edificio de 14 viviendas y garajes promovidas por una empresa de la que era socio administrador el denunciante, que inicialmente estuvo en la causa como testigo protegido.