La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha aplazado cualquier decisión sobre la anulación del indulto que el Gobierno concedió al conductor 'kamikaze' condenado por causar la muerte de un joven de 25 años de Alzira (Valencia) hasta conocer los motivos del Tribunal Supremo, para poder analizar el caso "con conocimiento de causa".

Así, al ser preguntado por el tema tras participar en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha señalado que "la sentencia del Tribunal Supremo no ha sido todavía notificada al Gobierno" y, por tanto, no se puede valorar, porque a tratarse de actos del propio Ejecutivo "hay que ver cómo se ha determinado, "cuál ha sido el elemento que el Supremo considera que debe abordarse para dar una solución".

En este sentido, ha subrayado que "con el solo conocimiento de lo que ha sido el fallo" no se puede valorar.

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anunció este viernes el indulto que el Gobierno concedió al conductor 'kamikaze' que fue condenado a 13 años de prisión por causar la muerte de un joven de 25 años tras conducir durante cinco kilómetros en dirección contraria por la AP-7, en el tramo entre Silla-San Juan, en diciembre de 2003.

La Sección Tercera ha acordado esta resolución tras tres días de intensas deliberaciones estimar el recurso presentado por la familia del fallecido solicitando la declaración de nulidad de la medida de gracia concedida a propuesta del Ministerio de Justicia.

La ejecución de la sentencia, que se dará a conocer en los próximos días, queda en suspenso durante tres meses al objeto de que el Gobierno pueda, en su caso, subsanar los defectos que han motivado el fallo del alto tribunal.

Según el recurrente, este indulto fue el único de España dado a un kamikaze en el que el condenado no había cumplido al menos la mitad de la condena. Su pena fue conmutada por el pago de 4.380 euros y el preso apenas cumplió diez meses de cárcel.

La concesión de este indulto causó cierta polémica tras conocerse que un hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, trabaja en el despacho de abogados de Uría y Menéndez que tramitó la petición de la medida de gracia. El abogado que defendió al 'kamikaze' fue Esteban Astarloa, hermano del diputado 'popular', Ignacio Astarloa.