La Comunidad Valenciana es la primera autonomía española con lengua cooficial que se queda sin medios de comunicación públicos. La Generalitat valenciana decidió el martes por la noche cerrar Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), después de que los tribunales anularan el ERE que despedía a unos 1.000 trabajadores. Con esta decisión, se pone punto y final a 24 años de historia, desaparecen 1.670 empleos, y se abre una nueva etapa de incógnitas e incertidumbres en el panorama televisivo autonómico.

A pesar de este cierre, 12 comunidades siguen contando aún con televisión pública (Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Navarra no tienen). Pero su futuro es incierto. Acusadas de manipulación informativa, censura e injerencias políticas, y de tener plantillas desmesuradas donde ha primado el enchufismo, la sombra de los recortes, los despidos y la posibilidad de privatización (aprobada por el Gobiernol en julio de 2012) planea sobre la mayoría de ellas. Su elevada deuda tampoco ayuda. Solo este año, los Gobiernos regionales de los que dependen han tenido que inyectar 882 millones de euros para que puedan seguir funcionando. Y eso que las teles autonómicas tienen actualmente solo un 8,6% de la audiencia, un 9% menos que hace un año según la FORTA, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, que coordina la actividad de los diferentes conglomerados mediáticos de las comunidades. Quién más aporta son Cataluña (225 millones en 2013), Andalucía (113 millones), País Vasco (105) y Galicia (95 millones). La que menos, Asturias (20 millones) y Murcia (7,5 millones).

Antes de la crisis, la FORTA calculaba que cada español pagaba de media unos 30 euros al año por la televisión autonómica de su comunidad. Ahora, en 2013, el coste ha bajado a los 21 euros. Los presupuestos de las radios y televisiones autonómicas han tenido que reducirse un 30% en los tres últimos años para hacer un poco más sostenible la situación, ya que arrastran una deuda cercana a los 3.000 millones de euros. El futuro es poco esperanzador. En 2011, las cadenas regionales sumaron 198 millones de euros en inversión comercial, cifra que bajó a los 126,8 millones en 2012 , según datos de la consultora Infoadex. En los tres primeros meses de 2013 el negocio publicitario ha caído un 18,7% hasta alcanzar solo la cifra de 27,7 millones de euros.

En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, las estadísticas son tozudas y reflejan la inviabilidad de RTVV. Entre 2008 y 2011, las pérdidas sumaron 812 millones de euros, y la deuda financiera llegó a 1.126 millones. La audiencia pasó del 20% a un 4% mientras crecía la plantilla.

La plantilla de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) es de 2.571 trabajadores (2.095 en Televisió de Catalunya; 426 en Catalunya Ràdio y 50 en la Corporació). La dirección ha puesto en marcha un plan de ajustes después que 2012 acabara con un déficit de 7,5 millones de euros, que consiste en la reducción de corresponsalías, la externalización de servicios y un ERE para despedir a 225 trabajadores. Además, la CCMA plantea para 2014 una rebaja salarial, rechazada por los sindicatos. Se preven unos ingresos publicitarios de 57 millones en 2014, un 40% menos que en 2010. La Generalitat aporta 225 millones (el presupuesto total es de 295 millones). La deuda refinanciada es de 1.046 millones de euros. Es la tele autonómica más vista, con un share medio del 18%.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha dejado bien claro que "no tendrá otra alternativa" que cerrar Telemadrid si los sindicatos "lo hacen inviable" y el canal público madrileño "sigue siendo deficitario". El Tribunal Superior de Justicia ordenó mediante sentencia en el mes de abril elevar las indemnizaciones a los 861 trabajadores afectados por el ERE (la plantilla es de 1.176 empleados), pero no anuló los despidos. Los sindicatos recurrieron este fallo ante el Tribunal Supremo. Telemadrid está, por tanto, en el aire acuciada por una deuda cercana a los 250 millones de euros.

La RTVA (Radio Televisión de Andalucía) también tiene una plantilla amplia: 1.600 trabajadores. En 2012 registró 39 millones de euros en pérdidas, 9 más de lo previsto, cifra que se sumó a los 97 millones de deuda acumulada. Su presupuesto para 2014 ascenderá a 163 millones (1,8% menos que en 2013), de los que la Junta aportará 113 millones. El 49,6% del total de su presupuesto se dedicará a personal.

En septiembre de 2012 la RTVA cerró Canal Sur 2 para ahorrar 20 millones de euros. Sin embargo, sus directivos seguirán percibiendo en 2014 una sueldo superior a los 63.808,20 euros que cobra la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Según la Consejería de Presidencia, lo harán de manera excepcional, a pesar de que el proyecto de Ley de Presupuestos de 2014 declara "nulos de pleno derecho" los acuerdos o contratos de directivos de empresas públicas con salarios superiores a los de la presidenta. Esta medida ya se estableció hace tres años, pero sigue, por tanto, sin cumplirse.

La televisión aragonesa acumula una deuda de algo más de 14 millones de euros, fruto sobre todo de los patrocinios deportivos que se llevaron a cabo entre los años 2008 y 2010, pero aun así prevé incrementa el gasto, tirando de contenidos aragoneses. De los 42,3 millones de presupuesto de este año se pasará a 43,9 millones en 2016. El Gobierno aragonés mantiene que es una tele "barata". De hecho, en 2012 tenía un presupuesto de 51,5 millones y gastó 47,5 millones. Su cuota de audiencia es del 11%. La plantilla ronda el medio centenar de trabajadores, y no se prevén despidos ni ERE.

La radiotelevisión pública vasca, la más antigua de toda España (nació en 1982), se ha visto obligada a recortar gastos, tras la caída paulatina de su audiencia y de sus ingresos publicitarios. De momento no ha tocado mucho su plantilla fija, que por ley no puede pasar de 969 trabajadores. El presupuesto para este año es de 121,7 millones, un 17% menos que en 2012 y un 38% si se compara con 2007. Euskal Telebista se lleva casi todo el gasto, con 96 millones de euros.

Los recortes empezaron con algunos despidos en Radio Vitoria, y siguieron en la empresa Media 4 Future, participada por ETB, donde se ha presentado un ERE para despedir a 27 empleados (casi el  50% de la plantilla). También ha habido reducción en los cargos de confianza, que han pasado de 98 a 75, con un ahorro de 800.000 euros. A finales de octubre, la directora general de EiTB, Maite Iturbe, aseguró en el Parlamento vasco que es necesario "revisar los sobrecostes", pero se comprometió a mantener los puestos de trabajo fijos y los salarios.

Murcia tiene una de las teles más pequeñas de España, con 17 trabajadores en plantilla tras hacer un importante ERE que prescindió de unos 250 empleados. La situación es crítica. El Gobierno regional ha calculado que este año cerrará con unos ingresos publicitarios de 305.000 euros, cuando en 2012 facturó en torno a los dos millones de euros. Por eso ha metido la tijera en su presupuesto: 7,5 millones este año, muy alejados de los 26 millones de 2012. De momento, opta por la externalización: el grupo Secuoya se ha adjudicado la producción de los informativos.

Extremadura, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Baleares también tienen su televisión. Estas cadenas no se enfrentan a un cierre inmediato, pero sí están recortando presupuestos y algunas contemplan la posibilidad de una privatización de su gestión, ya que la ley lo permite desde de 2012. Meses antes, el Ejecutivo del PP estableció medidas de control presupuestario para fijar anualmente un techo de gasto que las televisiones autonómicas no pueden rebasar. Si lo hacen, "excepcionalmente", las pérdidas deben descontarse de los gastos del año siguiente.

En 2012, cuando se aprobaron esta medidas, las 13 televisiones autonómicas (la valenciana estaba abierta) sumaban un presupuesto de 1.200 millones de euros, de los que 980 eran aportaciones públicas. En 2013 esta aportación ha bajado a 880 millones.

La dirección de la televisión balear, la IB3, por ejemplo, ha asegurado que apuesta por un "modelo de gestión directa" que de momento no contempla la privatización. A pesar de que esta posibilidad está incluida en la nueva Ley Audiovisual que está tramitando actualmente el Parlamento balear. En 2012 tenía una deuda de 80 millones de euros. El Gobierno extremeño, por su parte, ha anunciado en reiteradas ocasiones que no tiene intención de privatizar su tele. Apenas tiene deuda y funciona con una plantilla muy ajustada de 120 trabajadores, de los que no más de 80 son empleados fijos.

En Castilla-La Mancha, su presidenta María Dolores de Cospedal propuso su privatización cuando estaba en la oposición. Ahora en el Gobierno no ha dado los pasos para ello, admitiendo que la crisis ha provocado de no haya interés por parte de inversores privados. El Gobierno regional aporta 42 millones de euros a su tele, fondos que se van a reducir hasta los 38 millones en 2014.

En otras comunidades autónomas, como Asturias, el PP también ha sugerido la privatización de la televisión pública del Principado, que maneja un presupuesto de unos 23 millones de euros, de los cuales 20 provienen del Gobierno asturiano. Este aporta un millón más que la deuda reconocida, 19 millones de euros. Galicia presume de tener una televisión pública saneada. Su deuda no llega ni a los dos millones de euros. La Xunta es el cuarto Gobierno regional que más aporta a su televisión, unos 95 millones de euros. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este miércoles que CRTVG no cerrará porque tiene unas "cuentas saneadas y una elevada audiencia".