Unión Progreso y Democracia (UPyD) en la Comunitat Valenciana considera que la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Radio Televisión Valenciana (RTVV) "demuestra que la chapuza del Consell a la hora de gestionar los recursos públicos de todos los valencianos".

La formación política, en un comunicado, ha señalado que en febrero el ente público anunció el despido de 843 trabajadores mediante el envío de una carta por correo electrónico que "afectaba no solo a empleados históricos de la empresa, sino también a matrimonios y empleados con discapacidad".

Para el coordinador territorial, Romain Muzzati, el ERE "lo tumban porque está mal planteado y peor ejecutado, no por una posible falta de oportunidad política o de condiciones". "Tenían un año para efectuar los despidos y no se ejecutaron", ha manifestado

Al respecto, ha criticado que "la chapuza es tan evidente que despidieron en el último trimestre a un número diferente del que figuraba en el documento, incluso readmitieron a empleados hace poco porque se quedaron sin técnicos".

Muzzati sostiene que "hacer las cosas mal conlleva este resultado: un incremento de la inseguridad laboral, un sobre coste que pagamos todos y una injusticia". "Contratar a dedo y sin control acaba siendo nocivo, para la empresa y para los contribuyentes", ha apostillado.

UPyD considera que la situación "ruinosa" de la televisión y la radio públicas valencianas se debe a "una pésima gestión económica, un nepotismo a la hora de contratar y a una depreciación de la calidad de los contenidos, de la credibilidad de los informativos y, en consecuencia, a un progresivo abandono de la audiencia en favor de otras ofertas televisivas".

Romain Muzzati ha destacado que "los valencianos queremos una televisión pública de calidad, plural, sostenible en términos económicos y sin manipulaciones".

VAERSA

El partido ha indicado que la Generalitat tuvo que afrontar una situación similar en abril tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. En este caso, "la protagonista" era la empresa pública Valenciana de aprovechamiento energético de residuos SA (Vaersa).

"El ente de la Conselleria de Medio Ambiente presentó un ERE que afectaba a 278 trabajadores. La justicia obligó hace medio año a admitirlos. El alto tribunal estimó que no hubo una auténtica voluntad negociadora con rasgos de buena fe contractual", ha explicado.

Muzzati ha afirmado que el Consell "se ha vuelto a lucir y ejemplos no nos faltan". "En estos momentos, la Generalitat, gobernada por el PP, es un ERE, pero pagamos siempre los mismos", ha concluido.