Afectados por la comercialización de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de las antiguas cajas de ahorro gallegas han entregado este martes más de 23.000 firmas en el registro de la Xunta "para recordar a los poderes públicos que hay un problema que está por solucionar y que hay una dejación de funciones por parte de la Administración".

En declaraciones a los medios de comunicación tras depositar las rúbricas en contra de esta "estafa" en las instalaciones del complejo administrativo de San Caetano, un grupo de unos 20 integrantes de las distintas plataformas ha denunciado que los gobiernos, tanto el gallego como el español, "están dejando solo el recurso de la demanda individual", bien sea demanda civil o denuncia penal.

El miembro del colectivo de afectados de la comarca de Compostela, Xesús Domínguez, ha ejercido como portavoz de la coordinadora de plataformas para denunciar que quedan "564 millones de euros pendientes de devolución en este momento", cantidad que corresponde a unas 40.000 personas.

Domínguez ha recordado que unos 40.000 casos se resolvieron por la vía del arbitraje de Consumo y ha señalado al "goteo constante de sentencias favorables", pero ha destacado que "debería haber una solución para la devolución total del 100 por 100 de los ahorros a todos los estafados por las antiguas cajas de ahorros".

"DESAMPARADOS"

Sobre la entidad resultante de la fusión de las cajas y su posterior privatización, Novagalicia Banco, este portavoz ha censurado que "pretenden vender el banco en este momento para deshacerse del problema", pero ha avisado de que seguirán "peleando" pese a sentirse "desamparados" por parte del jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, y del central, Mariano Rajoy.

"Legislaron en contra de los intereses de los ciudadanos gallegos, de los ahorradores y ahorradoras. Queremos la devolución del 100 por 100 del dinero para todos, no para unos pocos. Es un problema que tienen sobre la mesa y que requiere solución. No promesas incumplidas; no mentiras de arbitrajes judiciales que no existen. Anulación de los contratos de todos y cada uno de los afectados", ha reivindicado Xesús Domínguez.

Algunos de los titulares de estos productos híbridos "solo" recuperaron "un tercio de los ahorros, mientras que otros recuperaron el 100 por 100", según ha apuntado el portavoz de la plataforma de Santiago, para ilustrar lo que califica de "agravio comparativo". "Ante el mismo problema y la misma estafa queremos la misma solución y que los responsables paguen por ello", ha resuelto.

Así las cosas, ha reprobado que sean los ciudadanos los que tengan "que rescatar a los estafadores". "Esto es el mundo al revés", ha apostillado, sobre un "robo" que, ha dicho, "está consentido con la complicidad de los poderes públicos".

"el arbitraje judicial no existe"

Domínguez ha lamentado que "solo una parte de los ciudadanos están demandando" y ha acusado a los poderes públicos de saber "que gran parte van a quedar sin demandar". El titular de la Xunta, ha criticado, "hizo promesas de devolución total sabiendo que era mentira". "El arbitraje judicial no existe y a la conciliación el banco no está presentándose", ha insistido.

En este escenario, las plataformas de afectados recomiendan a aquellos que no recuperasen sus ahorros "pelear, demandar y seguir en la calle, porque lo conseguido hasta ahora, la devolución de 1.200 millones, se consiguió haciendo ruido, estando en la calle, en los plenos, en las sucursales y ante todas las administraciones para poner de manifiesto que el problema sigue ahí".

"Seguiremos hasta recuperar el 100 por 100. Es de ley que así sea", han coincidido tanto Xesús Domínguez como el miembro de la plataforma de Baixo Miño Xulio Vicente.

Vicente ha recordado que las quitas "se ejecutaron" y, a mayores, ha apuntado que "hay 2.000 afectados que no firmaron nada y su dinero se convirtió en papeles que no valen para nada" —en alusión al canje por acciones—.

"las promesas ahora son sanciones"

"El tema de las preferentes está muy vivo", ha advertido, antes de solicitar "apoyo de los medios" para que no se hable únicamente del proceso de venta de NCG sino también de "la gente que está siendo robada", a la que, ha denunciado, se le están imponiendo "sanciones de miles de euros".

"Las promesas electorales del PP ahora son sanciones a personas de 80 y pico 70 y pico años. Esto es una vergüenza, hay que denunciarlo", ha constatado, Vicente, antes de incidir en que llevan "en la calle dos años" y no van a parar.

Para terminar, este portavoz ha negado que sea Bruselas la culpable del canje y la quita, pues "el Gobierno gallego tiene un compromiso y una responsabilidad con los afectados".

"No es Bruselas, allí nos dan la razón. Quien nos está robando es el Gobierno español y el gallego. En todos los sitios nos dan la razón —se ha referido a Eurocámara, Congreso de los Diputados y Parlamento gallego— pero, después, cuando hay que votar, deciden legalizar el robo", ha finalizado.