Fuentes judiciales han confirmado hoy esa petición del fiscal, que afecta a Berlusconi y a otra docena de personas más sobre las que ha investigado hasta ahora.

La petición de envío a juicio para Berlusconi se ha conocido el mismo día en que acude a la Cámara de Diputados para solicitar la confianza a su nuevo Gobierno.

Las hipótesis de delito varían para los trece implicados en el caso y van desde el fraude fiscal hasta la falsedad en balance, así como la apropiación indebida y el blanqueo de dinero.

El pasado 22 de marzo un tribunal de Milán había decidido investigar oficialmente a Berlusconi por un presunto pago ilegal a un abogado en un caso de compraventa de derechos televisivos.

En el caso concreto de Berlusconi las hipótesis de delito que motivaban la investigación era la falsedad en balance, fraude fiscal, corrupción en actos judiciales y apropiación indebida.

Las investigaciones se centran en la compraventa de los derechos de transmisión de peliculas, en torno a la cual pueden estar implicadas empresas de Berlusconi registradas en paraísos fiscales
El origen del caso es la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de Mediaset, en torno a la cual fue creado un entramado de transacciones en las que supuestamente participaron empresas registradas en paraísos fiscales al servicio de Berlusconi.

La fiscalía investiga si esas firmas compraron a distribuidoras estadounidenses un paquete de derechos de emisión televisiva que acabaron en manos de Mediaset por 470 millones de euros después de complejas operaciones financieras en las que se podría haber incrementado artificialmente el precio real de los derechos.

Los fiscales Fabio De Pasquale e Alfredo Robledo quieren que haya un juicio para esclarecer si, por medio de esas transacciones, Mediaset pudo haber desviado a cuentas en el extranjero cerca de 280 millones de euros, además de haber eludido al fisco el equivalente a unos 170 millones de euros entre 1994 y 1996.

La solicitud de la fiscalía afecta también al actual presidente de Mediaset, Fedele Confalonieri, así como a otros empleados de ese grupo televisivo o de Fininvest, propiedad de Berlusconi.

Uno de los elementos que los fiscales quieren aclarar es si hubo pagos ilegales al abogado británico David Mills, también implicado en este caso por presunto encubrimiento y blanqueo de dinero, porque hay indicios de que fue él quien creó todo el entramado de empresas presuntamente empleado por la de Berlusconi para evitar rastros del dinero.