Las diferentes entidades bancarias que desahucian a centenares de familias de sus casas al no poder pagar la hipoteca deben al Ayuntamiento de Valencia, y por tanto a todos los valencianos, la friolera de 259.824 euros en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de esas viviendas que se han quedado en propiedad tras la ejecución del desahucio.
Así lo denunció ayer la concejala de Esquerra Unida (EU) Rosa Albert, en virtud de los datos facilitados por el equipo de Gobierno municipal como respuesta a una pregunta del último pleno.
Según explicó Albert, la deuda de los bancos con el Consistorio por el impago de este impuesto se ha incrementado un 152% en los últimos cinco meses.
De este modo, ya son 375 los pisos que han pasado a manos de las entidades financieras tras un desahucio sin que estas hayan abonado el mencionado impuesto en el período voluntario de pago.
Por este motivo, la edil exigió al concejal de Hacienda, Silvestre Senent, mano dura y sanciones ejemplares para las entidades que se retrasen en el pago del IBI: «El hecho de que se le aplique a un ciudadano o ciudadana que, por motivos económicos, no puede atender el pago del impuesto la misma sanción que a una entidad financiera que, además, ha obtenido algunas de estas viviendas como consecuencia de un desahucio, es absolutamente inmoral y reprochable en un estado de derecho como el nuestro», comentó.
En este sentido, recordó que cuando no se hace efectivo el pago en tiempo y forma, el Ayuntamiento aplica un recargo e intereses de demora, una penalización que se aplica por igual ya sea el moroso una familia sin recursos o un banco.
Para Albert, «no se puede aplicar la misma vara de medir» y por eso consideró fundamental que la administración articule medidas «ante una situación tan desigual, injusta y dramática para una parte de la ciudadanía».
Una deuda que no para de crecer
Además, la situación es más grave teniendo en cuenta que, lejos de ir dismuyendo esta deuda de los bancos con el Ayuntamiento, cada vez se incrementa más.
Según la edil, el IBI no liquidado a 31 de diciembre de 2012 suponía un incremento del 259% respecto del no liquidado a 31 de diciembre de 2010, cuando se adeudaban 83.857 euros.
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