El Comité Ejecutivo del Cermi CV ha recurrido el decreto del pasado 2 de agosto del Consell por el que se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales, según ha informado en un comunicado la entidad, que destaca que con esta decisión recoge "el clamor" de todas las partes que la componen.

Cermi CV considera que se trata de un decreto "extremadamente duro que, entre otras incongruencias, empobrece los colectivos de personas con alguna discapacidad que utilizan alguno de los servicios de la Generalitat". En esta línea, añade que estas medidas "tan duras se unen a los recortes de copago sanitario y a otras restrictivas de otros departamentos".

El Cermi CV ha denunciado que todas las medidas económicas "se ceban sobre los más débiles" aunque ha lamentado que "poco importan ya los brotes verdes, si los hay, ya que siempre son para los mismos, es decir la banca y gran capital".

Para el Cermi CV, "el Decreto contempla muchas irregularidades y vulnera leyes de rango superior, así como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, algunas directivas de la Unión Europea y otras normas del régimen jurídico español". Además de impugnar el articulado completo, la entidad reclama su nulidad.

En este recurso el Cermi CV está asesorado por la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universitat de València (UV), "esperando que la justicia valore seriamente el daño irreversible que se está causando en nuestra sociedad a los débiles y al mundo de la discapacidad".