La Dirección General de Trabajo, dependiente de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, y la Inspección en Materia de Seguridad Social, Economía Irregular e Inmigración del Ministerio de Empleo han detectado en lo que va de año más de 2.388 casos de personas que no estaban dados de alta en la Seguridad Social o extranjeros que carecían de permiso de trabajo, lo que supone un 36,85 por ciento más que los detectados en el mismo periodo de 2012.

Además, la Inspección de Trabajo ha detectado en la Región de Murcia 2.283 casos de altas ficticias en la Seguridad Social hasta el 30 de septiembre, lo que supone un 150 por ciento más en relación a los 885 altas ficticias detectadas en el mismo periodo del año anterior. Son casos de gente a la que se había dado de alta en el sistema de la Seguridad Social pero por trabajos que no desempeñaban en realidad, todo ello con el objetivo de "defraudar".

Así lo han hecho saber el director general de Trabajo, Fernando José Vélez, el subdirector general para la Inspección en Materia de Seguridad Social, Economía Irregular e Inmigración del Ministerio de Empleo, Juan José Camino, y el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Región, Diego Martínez, que han presentado en rueda de prensa la planificación de actuaciones conjuntas para la lucha contra la economía irregular en 2014.

El aumento de un 36,85 por ciento en los casos de empleos irregulares no dados de alta en la Seguridad Social es "el mayor incremento de efectividad en las actuaciones en materia de lucha contra el fraude" de toda España. Camino ha precisado que la evolución nacional en este periodo "también ha experimentado un incremento sustancial", pero "no tan alto como el registrado en la Región".

El sector en el que más se ha incrementado la detección de estos trabajadores ficticios ha sido la hostelería, seguido de la construcción, la industria, la agricultura y el sector servicios.

Camino ha explicado que, de cada 100 actuaciones realizadas por la administración en materia de control de empleo irregular, en 24 de ellas "se detectan irregularidades y trabajadores en situación irregular".

El subdirector general del Ministerio ha achacado estos resultados a que las administraciones públicas han aumentado anualmente un 20 por ciento las actuaciones y "han mejorado su eficacia". Por ello, descarta que haya "una correlación exacta de que la crisis aumenta la economía irregular". Más bien, ha indicado, es resultado de que "es un objetivo esencial del Gobierno y de las administraciones autonómicas".

Altas ficticias

Por otro lado, la Inspección de Trabajo ha conseguido también detectar 2.283 casos de altas ficticias en la Seguridad Social en la Región hasta el 30 de septiembre, es decir, supuestos de gente a la que se había dado de alta en el sistema de la Seguridad Social con el fin de "defraudar".

Camino ha explicado que la Región de Murcia ha sido "pionera en la lucha contra un fenómeno de especial gravedad, el de empresas ficticias, que supone la simulación de la existencia de relaciones laborales que no se han producido nunca, es decir, trabajos que no se han producido nunca para la obtención indebida de prestaciones de Seguridad Social, de permisos de trabajo para extranjeros y para otro tipo de efectos jurídicos a los que no tendrían derecho".

Esas 2.283 personas que estaban dadas de alta han supuesto un fraude de 7,6 millones a las arcas públicas, y se han recuperado 1,4 millones en prestaciones a la Seguridad Social. Esto se puede cuantificar, según Camino, porque esa relación ficticia establecida entre el trabajador y la empresa "se hace con un objetivo conocido, por lo que la administración puede saber lo que se ha dejado de cobrar o percibir". Fundamentalmente, explica que este fraude se suele dar en sectores de difícil localización de los centros de trabajo, como la construcción o la limpieza.

SANCIONES

Camino ha precisado que al empresario se le impone una sanción de 3.126 euros como mínimo por cada trabajador que no está dado de alta. Sin embargo, con las últimas reformas, esta cantidad se va incrementando en función de los trabajadores afectados, hasta el punto de que la multa puede aumentar hasta un 50 por ciento en el caso de cinco empleados o más sin dar de alta.

La sanción aumenta a 10.000 euros si se trata de trabajadores extranjeros. Todo ello sin olvidar que tener más de seis trabajadores sin estar dados de alto "puede suponer, incluso, un delito", ha aclarado.

De hecho, en lo que va de año se han impuesto 10,6 millones de euros en sanciones y más de 28 millones de euros de multas como resultado de expedientes de liquidación, según ha destacado Camino.

Actuaciones previstas para 2014

Para poner freno a estas irregularidades, la Consejería de y el Ministerio han pactado este lunes el programa de trabajo para el próximo año que incluye 20.000 actuaciones para velar y preservar el cumplimiento de la normativa laboral en beneficio de los trabajadores, las empresas y el conjunto de la sociedad.

Vélez y Camino informaron de que el mayor esfuerzo se centrará en la lucha contra la economía irregular, con más de 9.500 actuaciones, unas quinientas más que en la anterior programación y muy por encima de las 4.000 que se realizaron en 2008.

Vélez afirmó que "tanto desde la Consejería como desde el Ministerio, queremos lanzar un mensaje conjunto que indique que la economía sumergida es una estafa para los trabajadores, para los empresarios que la padecen y para la sociedad en su conjunto, frente a la que no cabe ninguna permisividad".

Esta medida se complementa con la implantación definitiva del Plan Autonómico de Lucha contra la Economía Irregular, que la Consejería desarrolla en colaboración con las corporaciones locales, la Agencia Tributaria autonómica y la Dirección General de Industria, además de con la patronal y los sindicatos.

En la Comisión Territorial de Inspección de Trabajo, cuya reunión presidió el consejero Pedro Antonio Sánchez, también se aprobaron objetivos en materia de control de encadenamiento fraudulento de contratos, incumplimiento de las normas en jornada de trabajo, uso indebido de contratos a tiempo parcial y formativos, o relativos a la figura de los falsos autónomos, así como en el no respeto de las obligaciones legales en materia de contratación de trabajadores con discapacidad, entre otras cuestiones. Asimismo, en materia de Seguridad Social se seguirá priorizando la detección de fraudes en las cotizaciones sociales y empresas y trabajadores ficticios.

En materia de detección de posibles supuestos de trabajadores que no están dados de alta, se van a desarrollar 650 actuaciones en materia de agricultura; 1.050 en industria; 700 en construcción; 1.600 en comercio; y 1.450 en hostelería hasta un total de 8.000 actuaciones.

PREVENCIÓN

Por último, se abordaron los objetivos de acciones en prevención de riesgos laborales, que ambas administraciones consideran objetivo fundamental para 2014. De las más de 2.300 actuaciones previstas, ambos responsables destacaron las relativas a la integración de la prevención en las empresas, la coordinación de actividades preventivas, la prevención de riesgos músculoesqueléticos y la adecuada notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

También se aprobaron en esta materia las actuaciones previstas de los técnicos habilitados del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, que realizarán sus labores de requerimiento y advertencia sobre riesgos de todas las disciplinas.

Esta programación fue sometida con carácter previo a la celebración de la Comisión Territorial de Inspección de Trabajo a la consideración de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.