Las autoridades chinas pondrán fin a su política de trasplantes con órganos de presos ejecutados, caso único en el mundo, a mediados de 2014, según confirmaron fuentes oficiales este sábado.

El viceministro de Sanidad, Huang Jiefu, confirmó que para esa fecha los hospitales que cuenten con licencia de trasplantes solo podrán emplear órganos donados voluntariamente y de acuerdo con una nueva regulación para su uso.

China es un país con muy pocas donaciones de órganos, en parte porque su tradición funeraria recomienda enterrar los cadáveres intactos o la incineración. Por ello, más de 300.000 pacientes figuran en las listas de espera cada año, y finalmente solo uno de cada 30 recibe un trasplante.

En consecuencia, el tráfico ilegal de órganos se ha disparado. Las donaciones entre personas vivas están prohibidas desde 2007 salvo en casos de cosanguineidad y familia adoptiva. Con todo, el mercado ilegal de trasplantes es un problema de difícil solución.

"Este caso va a permanecer arraigado en la sociedad china durante mucho tiempo porque la demanda es enorme", indicó Huang.

"Mientras exista un abismo entre oferta y demanda, no va a desaparecer, pero el Gobierno va a intentar evitarlo", añadió.

Sin embargo, Huang −cirujano entrenado en Australia− reconoció que "el uso de los órganos de prisioneros ejecutados no se corresponde con los estándares éticos aceptados universalmente y siempre ha sido objeto de críticas por parte de la comunidad internacional", de ahí "la necesidad de que el Gobierno se haya comprometido a cambiar, ante su pueblo y ante el mundo, su política de trasplantes".

Para reducir la dependencia de los órganos vitales de los presos, el Gobierno inició en febrero un programa piloto de voluntariados en 25 provincias del país para crear una red de trasplantes nacional que espera consolidar a finales de año.

Así, el número de trasplantes ha subido hasta más de 900 durante los primeros siete meses del año, frente a los 245 registrados en el mismo periodo de tiempo durante 2011, pero todavía suponen menos de una cuarta parte del número total de órganos que obtiene de los ejecutados, según los datos aportados por viceministro.