El diputado socialista Miguel Ángel Palacio ha denunciado que el Gobierno regional ha decidido "tapar" con dinero público las consecuencias de las decisiones del alcalde y los concejales del PP de Piélagos en relación al Alto del Cuco, y ha pedido al Ejecutivo que no se haga cargo de los gastos "que corresponden a la parte denunciada, demandada y condenada".

Palacio ha presentado este miércoles en rueda de prensa una iniciativa que registrará el Grupo Socialista para pedir al Gobierno que respete la ejecución de la sentencia del Alto del Cuco en sus propios términos, proteja los intereses y los recursos públicos que representa y exija a la parte "condenada" -alcalde y concejales del PP de Piélagos- lo que "en justicia corresponda" en este caso, que ha calificado como el "mayor desastre urbanístico de Cantabria"·.

Asimismo, solicita que el Ejecutivo de Diego deje sin efecto la obligación que figura en el convenio de hacerse cargo de la totalidad de los citados gastos.

Según explicó, en torno a esta sentencia existen cuestiones que los socialistas "ni cuestionan, ni discuten", como las compensaciones a las que tiene derecho la empresa Martinsa-Fadesa o las obligaciones del Ayuntamiento de Piélagos -puesto que las responsabilidades recaen en él, ya que aprobó el Plan, dio las licencias después anuladas y las cobró y no en la empresa, que pidió licencia y la pagó-.

Y tampoco cuestionan, ha dicho, que el Gobierno y el Ayuntamiento, de común acuerdo a través de un convenio, procedan a ejecutar la sentencia y derribar lo ilegalmente construido.

Lo que los socialistas "censuran, critican y rechazan", ha explicado, es que el Gobierno se haya comprometido a hacerse cargo de todos los gastos que se originen con motivo de la ejecución de la sentencia, porque "no estamos ante una sentencia en la que las Administraciones, Gobierno y Ayuntamientos han sido condenadas, como en Arnuero, Argoños o San Vicente y tienen que discernir cuánto tiene que pagar cada una". "Este no es el caso del Alto del Cuco", señaló.

Palacio recordó que en este pleito fue el Gobierno el que rechazó el Plan Parcial en la CROTU, se lo comunicó al Ayuntamiento y el alcalde y los concejales del PP de Piélagos "no hicieron ni caso" y aprobaron el Plan. El Gobierno presentó un requerimiento al Ayuntamiento para que no siguiese adelante con el Plan, pero a pesar de ello sus responsables decidieron iniciar las obras y concedieron las licencias.

Entonces el Gobierno denunció al Ayuntamiento en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que le dio la razón y anuló el Plan, pero el alcalde y concejales del PP recurrieron ante el Tribunal Supremo, que ratificó la decisión del TSJC y condenó en costas al Ayuntamiento, que tuvo que pagar 7.000 euros. "No estamos ante un caso en el que la responsabilidad está repartida", subrayó palacio, para quien "las sentencias dejan clarísimo a quién corresponde esta responsabilidad".

"casas en el monte"

En este sentido, aseguró que la sentencia no anula el PGOU de Piélagos, ni tampoco la calificación de suelo urbanizable de este sector del Alto del Cuco, sino "la decisión de colocar las casas en el monte, por lo tanto, el Ayuntamiento puede redactar otro Plan Parcial".

"Estamos ante una sentencia en la que el Gobierno ha sido el denunciante y el demandante para defender los intereses de la Comunidad", ha recalcado palacio, que ha reiterado que el Ayuntamiento ha sido "denunciado, demandado y condenado" y, por tanto, "es responsable de las consecuencias que se derivan de la ejecución de esta sentencia".

Por ello, el PSOE rechaza que el Gobierno se haga cargo como anticipo de todos los gastos que se originen con motivo de la ejecución de la sentencia y que "no conste" en el convenio ninguna previsión en cuanto a plazos o condiciones para recuperar el adelanto de esos gastos.

Para los socialistas, el Gobierno "ha vulnerado" el contenido de estas sentencias, "porque la parte demandante, que denunció y ganó el pleito - el Gobierno -, se obliga a hacerse cargo de todos los gastos y la parte demandada y condenada, los que perdieron el pleito, de momento no tienen que pagar nada. Y después, ya veremos", reiteró.

Criticó por último que el Gobierno actúe de un modo "absolutamente insolidario", ya que "en tiempos de restricciones y recortes presupuestarios, detrae recursos económicos que deberían servir para hacer frente a expedientes derivados de su propia responsabilidad patrimonial y destinarlos a las familias afectadas por sentencias de derribo, para emplearlos en la demolición y restauración de lo indebidamente autorizado por otros, tal y como recogen todas las sentencias de este expediente".