El consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Antonio Marín, ha defendido ante el Senado la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y ha subrayado que desde su comunidad no considera que perjudique a sus competencias. "Es una ley para los alumnos y no una ley para hacer política", ha resumido.

Marín ha intervenido ante la Comisión General de Comunidades del Senado en la que se debate la incidencia en las competencias autonómicas de la LOMCE y en la que participa también el ministro de Educación, José Ignacio Wert.

El consejero, ha expresado su preocupación por los "datos oficiales" sobre el sistema español, el 25,7 por ciento de fracaso escolar o el 24,9 por ciento de abandono. "El peor enemigo educativo es quedarnos quietos con la actual ley, que nos ha abocado a la cuneta de la educación", ha sentenciado.

La ley orgánica, ha interpretado, ofrece herramientas para evitar el abandono temprano, mejorar la empleabilidad de los estudiantes, mejorar los conocimientos básicos, incrementar la autonomía de los centros, intensificar el uso de las nuevas tecnologías y mejorar el uso y aprendizaje de las lenguas extranjeras. "Y además, apostar por la cultura del esfuerzo y de la responsabilidad", ha subrayado el consejero.

Con respecto a las competencias autonómicas, Marín ha dicho que la LOMCE no "recentraliza". "Usted lo sabe, señora consejera de Cataluña", le ha dicho a Irene Rigau, que le escuchaba desde la bancada de la Comisión en la que están sentados todos los consejeros. "Incumbe al Estado la función de definir los objetivos generales", ha añadido el consejero.

El consejero castellano-manchego también ha asegurado que el proyecto de ley "no privatiza el sistema". "Fuera de lo que se está hablando aquí, permite que coexista la enseñanza pública, concertada y privada y respeta el derecho de los padres a elegir", ha dicho también.

Tampoco a su juicio relega a las lenguas cooficiales, sino que da al castellano un tratamiento análogo. "Sin marginar de una u otra forma, según deseen las familias", ha subrayado.

Marín ha repasado otros aspectos concretos de la ley, como la regulación de la formación profesional. "Por fin va a dignificar la FP, una demanda de largo tiempo exigida por todos", ha dicho; el objetivo será que el reparto entre esta opción y la de estudiar bachillerato sea al 50 por ciento.