El Gobierno de Cantabria no retirará el concurso del Servicio de Información y Orientación y Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, en contra de lo solicitado por los socialistas, que insisten en que tiene "irregularidades" y han reclamado que la empresa candidata que publicó ofertas de empleo antes de que este procedimiento de adjudicación fuera resuelto sea excluido de él y su oferta no sea valorada.

La diputada del PP Tamara González ha anunciado este lunes en el Pleno regional la continuidad de esto concurso pues, a su juicio, la denuncia de la socialista Isabel Méndez no tiene "ningún tipo de fundamento" y le ha acusado de "generar alarma social".

Durante el debate de una moción subsiguiente a una interpelación sobre violencia de género abordada en el Pleno anterior, rechazada por el voto en contra del PP, la parlamentaria 'popular' ha defendido que el concurso cumple con la Ley de Contratos de la Administración Pública, ha sido realizado "con luz y taquígrafos" y sin urgencia, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria y con sus pliegos puestos "a disposición de todos".

A su juicio, "no deja de ser curioso" que el PSOE presente esta denuncia cuando es la "primera vez" que el servicio en materia de violencia de género se adjudica garantizando la concurrencia competitiva.

Para la diputada, el hecho de que PSOE y PRC vean como un "indicio" de una adjudicación "a dedo" el hecho de que esta empresa haya publicado ofertas de empleo antes de que se resuelva el concurso es una "interpretación absolutamente subjetiva" realizada, en su opinión, desde la "mala fe" y con el objetivo de trasladar que todos los gobiernos son iguales al anterior bipartito de socialistas y regionalistas.

Además, y al igual que hace unos días le aconsejó la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, la diputada del PP ha pedido a Méndez (PSOE) que "si lo tiene tan claro" vaya a los tribunales.

Por su parte, la socialista ha afirmado que "espera" que la empresa que presentó las ofertas, Crespo Vidal, no resulte ser la adjudicataria del Servicio y, de hecho, ha pedido que su oferta no sea tenida en cuenta por "presentar ofertas de trabajo falsas", algo que contraviene la normativa laboral.

Así, ha asegurado que la "contratación preventiva" es algo que "no existe" en la normativa de contratación con la Administración y ha pedido la intervención de la Inspección de Trabajo.

Además, para la parlamentaria del PSOE se vulneraría la protección de datos de carácter personal, en alusión a todos los que conozca la empresa a través de la respuesta a sus ofertas.

Por eso ha exigido al Gobierno que se dirija a la Agencia de Protección de Datos.

Ante esta petición, la diputada del PP ha asegurado que el Gobierno sólo tiene que comprobar que la empresa existe y que es legal, sin tener competencia sobre las ofertas que presente y ha señalado que será la Mesa de Contratación la que decida la adjudicación del servicio.

Por su parte, Méndez ha vuelto a acusar al Gobierno regional de "expulsar" a las ONG de los servicios de atención a la violencia de género porque son "libres" y no se pueden "manipular".

Tanto el PSOE como la diputada del PRC Matilde Ruiz han acusado al PP de "defender lo indefendible", como, en su opinión, son las declaraciones de la consejera de Presidencia y Justicia sobre este concurso y acerca de lo ocurrido con la empresa, y han acusado a la diputada Tamara González de hacer un "papelón".

El cese de gómez barreda

Además, ambos partidos han pedido al Gobierno regional que cese a la directora general de Igualdad, Isabel Gómez Barreda.

Según los regionalistas, "sólo" dedica a "salir en las fotos", a cobrar "por no hacer nada" y a demostrar, a su juicio, una "incapacidad absoluta".

Así, Ruiz ha reclamado que se prescinda de ella y su sueldo se dedique a atender a las víctimas de la violencia de género.