La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin
Los duques de Palma, paseando por las calles de Barcelona, en una imagen reciente. GTRES

La infanta Cristina firmó un contrato de alquiler en el que ella misma era arrendataria y arrendadora para generar gastos falsos de Aizoon y desviar fondos públicos de Nóos. Así figura en una inspección que la Agencia Tributaria ha aportado al juez del 'caso Nóos' y que publica este lunes El Mundo.

Con estos nuevos datos sobre la mesa, el juez instructor del caso tendrá que decidir si vuelve a citar como imputada a la infanta Según lo publicado por el diario, la hija del rey firmó un contrato fraudulento junto a Urdangarín para hacer creer a Hacienda que el palacete de Pedralbes, residencia de los duques de Palma, era sede de las oficinas de Aizoon, la sociedad que comparten la infanta Cristina y su marido.

Según este acuerdo, se pagaban a sí mismos 12.000 euros al año durante un plazo de cinco años, además de una fianza de 2.000 euros en metálico.

Con esta pirueta fiscal, explica el rotativo, los duques pagaban menos impuestos al reducir los beneficios declarados por la empresa y, además, desviaban a sus bolsillos dinero público del Instituto Nóos.

El documento presentado por la Agencia Tributaria al juez Castro demostraría la presunta implicación de Cristina de Borbón en el 'caso Nóos' y podría servir para desmontar los argumentos con los que Anticorrupción,  la Abogacía del Estado y la propia Agencia Tributaria defendían que se anulara la imputación de la infanta. El pasado mes de mayo, se suspendió dicha imputación al considerarse que la duquesa de Palma no podía considerarse cooperadora "por el solo hecho de ser socio no administrador de una sociedad".

Hace apenas dos semanas, se conocía también que los duques utilizaban las cuentas de Aizoon para sus gastos personales. La infanta y su marido pagaron safaris, vino, clases particulares, hoteles y cenas a través de su sociedad y lo declararon como rendimiento de la empresa.

Con estos nuevos datos sobre la mesa, el juez instructor del caso tendrá que decidir si vuelve a citar como imputada a la infanta por delito fiscal y blanqueo de capitales.