El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha defendido este lunes que la participación de las sociedades provinciales Prodetur e Inpro en la extinta Sociedad de Promoción y Desarrollo de Utrera (Produsa), declarada en concurso de acreedores y ya en fase de liquidación, es "prácticamente residual". Y es que la Fiscalía culpa al propio alcalde, como presidente del consejo de administración, y a los representantes de Prodetur e Inpro en dicho consejo de administración, del mencionado concurso de acreedores.

En rueda de prensa, Rodríguez Villalobos ha explicado que no tiene notificación oficial del escrito de la Fiscalía que reclama al Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla que el alcalde de Utrera y otrora presidente del consejo de administración de Produsa, el andalucista Francisco Jiménez, y los representantes de Prodetur e Inpro en dicho órgano de gobierno de la empresa municipal de Utrera, sean declarados culpables e inhabilitados durante varios años para administrar entidades mercantiles y bienes ajenos.

Participación "residual"

No obstante, ha alegado que la participación de Prodetur e Inpro en Produsa, así como en otras sociedades municipales de la provincia, "es prácticamente residual", por lo que ha negado que la actuación de los representantes de estas sociedades provinciales en la gestión de Produsa haya revestido "gravedad".

Fue a comienzos de 2012, recordémoslo, cuando el Ayuntamiento de Utrera anunció un concurso voluntario de acreedores para la sociedad de desarrollo municipal Produsa, participada también, pero minoritariamente, por las sociedades Prodetur e Inpro, pertenecientes a su vez a la Diputación provincial. En aquellos momentos, la plantilla de Produsa llevaba ya cinco meses sin cobrar, los embargos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social habían congelado las cuentas de la empresas y mediaba una deuda cercana a los 300.000 euros con diferentes proveedores.

Concurso de acreedores

En diciembre de 2012, los administradores concursales comenzaron la fase de liquidación de Produsa, siendo declarada disuelta esta sociedad pública y siendo aprobado el 17 de junio de 2013 su plan de liquidación. Trasladados a la Fiscalía los hechos contenidos en la gestión de Produsa, el Ministerio Público ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil número dos que el alcalde de Utrera, junto a otros miembros de la Corporación y los representantes de las sociedades de la Diputación Prodetur e Inpro sean declarados "culpables" de este concurso de acreedores a cuenta de su papel en el consejo de administración de la empresa y las "irregularidades y retrasos contables" detectados en su gestión.

Para el alcalde de Utrera, la Fiscalía pide cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y entidades mercantiles, reclamando tres años, con los mismos efectos, para los representantes de Prodetur e Inpro en el consejo de administración de Produsa.