El Tribunal Supremo revisará a puerta cerrada el próximo martes el recurso presentado por uno de los condenados por la Audiencia Nacional por tratar de introducir en España, a través de un avión procedente de Bogotá (Colombia) que aterrizó en el aeropuerto de Foronda (Vitoria), más de 2.000 kilos de cocaína que estaban ocultos en un cargamento de flores.

En concreto, se analizará el recuso presentado por Ricardo González Placer, que fue director de Desarrollo de la Terminal de Carga del aeropuerto de Ciudad Real y que fue condenado a 10 años de cárcel por su intervención en este asunto.

La sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en enero de este año impuso 11 años de cárcel y dos multas de 150 millones de euros al presunto líder de la organización, José Raúl Jiménez Villamil, de nacionalidad colombiana, por un delito contra la salud pública y su condición de jefe de la organización.

Por el mismo delito el tribunal se impusieron impone otros 10 años de prisión y dos multas de 100 millones de euros a otras cuatro personas, entre ellas el recurrente. A otro acusado se le condenó a seis años de cárcel como cómplice de la organización.

Poco futuro en ciudad real

El tribunal considera probado que la trama liderada por Jiménez Villamil trató de utilizar el aeropuerto de Ciudad Real para introducir los cargamentos de droga aunque buscó un aeródromo alternativo al constatar que el futuro y la viabilidad de las instalaciones castellano-manchegas no estaba "garantizado".

Por eso, aprovecharon los "importantes contactos" que González Placer tenía en el aeropuerto de Vitoria, en el que había trabajado en una compañía de 'handling', para introducir la mercancía. Los condenados también crearon una sociedad que debía figurar como destinataria de los productos perecederos a fin de agilizar los trámites.

Tras un primer vuelo de prueba con mercancía legal, la Guardia Civil se incautó el 18 de diciembre de 2009 de 2.005,84 kilos de cocaína que estaban ocultos en los travesaños de un palet que sujetaba la mercancía de flores. La droga habría alcanzado un valor en el mercado de 58,53 millones de euros.

La sentencia, de la que fue ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, contó con el voto particular discrepante del magistrado Javier Martínez Lázaro, que considera que, a excepción del cabecilla, durante el juicio no se pudo demostrar que el resto de condenados tuviera constancia de que los cargamentos transportados contenían cocaína.