Joseba Azkarraga y Miren Azkarate
Joseba Azkarraga y Miren Azkarate, durante la declaración (David Aguilar / EFE). David Aguilar / EFE

El Gobierno vasco ha hecho pública una declaración institucional en la que denuncia la "convulsión" que provocan algunas decisiones judiciales y advirtió de que el respeto hacia ellas "no implica silencio ni cobertura incondicional a su contenido".

Esta declaración se produjo cuatro días antes de que el lehendakari declare ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como imputado por reunirse con representantes de Batasuna y una día después de que varios jueces advirtieran de que "ninguna autoridad goza en España de impunidad penal".

El texto, en el que el Gobierno vasco expresa su "alarma" por el efecto de algunas resoluciones judiciales y reclama "seguridad jurídica y claridad de expectativas", precisa que sus críticas van dirigidas a la actuación de determinados órganos judiciales, a los que acusa de protagonizar una "serie de asuntos muy significativos" que, a su juicio, están propiciados por la Ley de Partidos y "van contra la separación de poderes".

Quejas contra la imputación de Ibarretxe

Entre éstos destaca el procesamiento de Ibarretxe por reunirse con representantes de Batasuna, al señalar que "se pretende sembrar la sospecha de que el propio lehendakari de todos los vascos comete un delito por reunirse para dialogar y reconducir problemas de normalización política".

La lealtad no supone aceptar cualquier decisión judicial

El Gobierno vasco entiende que "la lealtad con el Estado de Derecho no supone aceptar cualquier tipo de decisión judicial, sin derecho a la crítica".

"El respeto a la ley no es la paz del miedo, no es callar por si acaso, no es la sensación generalizada de que hay manifestaciones a las que uno se puede adherir, ni reuniones a las que no se puede acudir", defendió.

Por ello, reclama al Estado de Derecho que "recupere las hechuras y los límites que justifican su legitimidad" y demanda "seguridad jurídica y claridad de expectativas para que todos disfrutemos de los derechos fundamentales que nos corresponden como ciudadanos".

Los jueces responden

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, ha hecho una llamada a la responsabilidad del Gobierno vasco y dijo que también es Estado y, como tal, está obligado a defender y amparar la independencia del Poder Judicial.

Las resoluciones judiciales únicamente resuelven conflictos

Enrique López señaló que "las resoluciones judiciales no tienen como fin establecer ningún tipo de sentimiento en la sociedad ni de provocar sentimientos, únicamente resuelven conflictos jurídicos".

López hizo una llamada a la responsabilidad del Gobierno vasco "en el sentido de que es legítimo hacer críticas a las resoluciones judiciales pero no es adecuado poner en cuestión de forma constante la actuación del Poder Judicial".

Semana de críticas a la Justicia

El Gobierno vasco no es el primero que se pronuncia en contra de las últimas resoluciones judiciales. El pasado jueves, tras la confirmación de que el etarra De Juana Chaos seguiría en la cárcel, también criticó esta decisión, tachándola de "despropósito".

El Gobierno español tampoco mostró excesivo entusiasmo con la sentencia, aunque la vicepresidenta del Gobierno se encargó de recordar el viernes que "cuando la Justicia habla, el Gobierno actúa y calla".

Poco después, el PP aprovechaba la decisión del juez Garzón de no imputar a Otegi ningún delito por su rueda de prensa tras el atentado de Barajas para arremeter contra el magistrado de la Audiencia Nacional.'

Ángel Acebes mostró el "máximo respeto por su decisión", aunque le espetó que "debe ser el único español que no se ha enterado de que Otegi es el portavoz de ETA-Batasuna".

 

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