La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 600.000 euros para el secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez, a quien la juez que investiga los ERE fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía ha imputado delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

De este modo, y al término de una declaración que se ha extendido hasta pasadas las 00,00 horas, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha pedido para Jiménez una fianza civil de 450.000 euros más el tercio legal, lo que hace un total de 600.000 euros, destacando que no ha interesado que se declare al sindicato responsable civil subsidiario, mientras que la acusación ejercida por la Junta ha solicitado una fianza civil de 200.000 euros —con el tercio legal ya incluido—.

Durante su declaración, este dirigente sindical ha reconocido ser el autor de una carta en la que pedía que se incluyera en el ERE de Calderinox a Antonio Fernández Garzón pese a que éste nunca había trabajado en dicha empresa, asegurando que lo hizo porque "cumplía los mismos requisitos que cualquier otro prejubilado" en Calderinox, por lo que ha defendido que "no había irregularidad alguna".

La anécdota de la comparecencia la ha protagonizado el fallo registrado en el ordenador donde una funcionaria judicial transcribía la declaración del imputado, fallo que ha provocado que se borrasen algunas de las preguntas de la Fiscalía y las correspondientes respuestas del encausado, por lo que ha habido que repetirlas para que constaran en el acta.

Hay que destacar que, según abogados presentes en el interrogatorio, la juez Mercedes Alaya ha formulado una sola pregunta al imputado, en contra de lo que suele ser habitual en otras comparecencias.