La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha criticado la "nueva deslealtad, una más" de la Junta de Andalucía hacia el Gobierno central tras el inicio de la vía contencioso-administrativa por parte de la Junta de Andalucía para recurrir el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, un plan donde, según precisó Crespo "se aceptaron diez de las 14 alegaciones que la Junta presentó".

Crespo reconoce que le "preocupa" el anuncio de recurso de la Junta ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con respecto al Plan Hidrológico del Guadalquivir, que supone "una prueba más de deslealtad institucional con el Gobierno central".

En ese sentido, asegura que "se ha contado con la Junta de Andalucía en todo momento", de forma que "han existido tres procesos de consulta y en los tres se ha contado con la Junta de Andalucía".

"Si ahora la Junta dice que hay que contar con determinados órganos, a los que nosotros respetamos, nos parece muy bien, pero lo que dice la normativa a la hora de consultar las cuestiones con las comunidades autónomas se ha producido", ha aseverado la delegada, quien apunta que "se aprobaron diez de las 14 alegaciones presentadas por el entonces consejero Luis Planas sobre el Plan Hidrológico del Guadalquivir".

De esta forma, insiste en que "se abrió un proceso de diálogo y lealtad institucional por parte del Gobierno de España" a la hora de elaborar el Plan y recuerda que este plan "tenía que estar hecho en 2009 y puede ser que tengamos sanciones de la UE por no haberlo hecho antes". Ha agregado que el plan del Guadalquivir "lo ha hecho este Gobierno cuando la Confederación Hidrográfica estaba en manos del Ejecutivo de España".

Crespo cree que este asunto "es muy importante como para jugar con esto", puesto que "es un plan vital para los intereses de Andalucía y podría afectar a cuatro millones de personas a lo largo y ancho del Guadalquivir", por lo que tacha de "deslealtad institucional" la actitud de la Junta, "una más".

Sanciones de la ue

Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero, se ha referido expresamente al hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado este jueves a España por retrasos en la elaboración de planes de gestión de sus cuencas hidrográficas, que Bruselas considera esenciales para lograr el objetivo que se ha fijado la UE de lograr una buena calidad de las aguas comunitarias de aquí a 2015.

En ese sentido, Romero cree que "la solución está en terminar los planes" y ha recordado que el Plan del Guadalquivir "está aprobado desde mayo", tras lo que ha precisado que el compromiso del Ministerio es "conseguir que estén concluidos todos a finales de este año", toda vez que "llevamos desde 2009 más de tres años de retraso y Europa lógicamente ha actuado sancionando y abriendo expediente sancionador".

Romero recuerda que "no haber hecho los deberes no te permite estar en los foros de decisión sobre planificación hidrológica ni poder poner de manifiesto la singularidad de la gestión del agua en España".

De esta forma, tras insistir en que "todo el Estado debe cumplir y deben estar hechos todos", ha resaltado que "en año y medio se han hecho 13, quedan muy pocos y a finales de año quedarán aprobados otros en el Consejo Nacional del Agua".

"En año y medio se hizo lo que no se hizo en ocho años", ha dejado claro Romero.

Posición de feragua

Por su parte, la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, rechaza el argumento de la Junta de que "no hubo planificación" en dicho Plan Hidrológico, toda vez que asegura que dicho plan "se aprobó con todos a favor excepto el voto de ecologistas y la abstención de la Junta", mientras que en Madrid "se opusieron pero solo fueron apoyados por UPA".

"La Junta se ha enfadado porque no se aprobó como quería que hubiera sido, pero el resto de la gente no lo quería así, por lo que es injusto lo que el Gobierno andaluz plantea ahora", ha aseverado Bustamante, quien se reunió este jueves con Carmen Crespo y tienen pendientes reuniones con las consejerías de Medio Ambiente y la de Agricultura.