El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha reclamado este jueves al PP-A ante el Pleno del Parlamento que deje actuar a la justicia en su investigación sobre el caso de las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), porque más pronto que tarde se esclarecerán los hechos.

Sanchez Maldonado ha apuntado que la Junta, desde el respeto a las actuaciones judiciales, valora positivamente que se siga investigando un asunto que ella mismo denunció. "Todos debemos creer en la justicia y dejarla actuar y, sobre todo, mandar celeridad para que asuntos como el de Mercesevilla se depuren los antes posible y no prescriban".

Ha insistido en el respeto, la confianza y la máxima colaboración de la Junta con la justicia y ha indicado, en lo que respecta a Mercasevilla, que el Gobierno andaluz fue el primero en denunciar los hechos y en detectar los presuntos prejubilados en el ERE, de manera que paralizó los de los años 2003 y 2007. Sánchez Maldonado ha pedido al PP-A el mismo respecto a la investigación judicial de este caso que el que pide la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, para los casos Bárcenas y Gürtel.

Por su parte, la diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero, que ha criticado que el consejero se niegue a contestar nada sobre el caso de los ERE, ha señalado que el conseguidor Juan Lanzas ha dicho que cobraba mucho por sus honorarios "por los favores que tenía que hacer a altos cargos de la Junta a cambio de lograr fondos", con dos exconcejales socialistas de Sevilla trabajando para él.

Ha indicado que el actual diputado autonómico Carmelo Gómez cobró de Juan Lanzas 21.323 euros, según el informe policial. Para Teresa Ruiz Sillero, podrían "preguntarse los andaluces si en el contrato de trabajo que se le hizo a Gómez se incluían esos favoreces que tenía que hacer a altos cargos de la Junta a cambio de lograr fondos para subvenciones de los ERE".

Asimismo, ha planteado si los andaluces pueden pensar que el exconsejero de Empleo y exsecretario general del PSOE de Sevilla José Antonio Viera y la que fuera su secretaria de Organización y actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, "pidieron el favor a Juan Lanzas para que contrata a Carmelo Gómez a cambio de subvenciones a cargo de la partida de los ERE". Ha manifestado que los informes policiales reflejan que existió una "rama política que permitió un sistema ilegal de concesión de ayudas a cambio de comisiones, siempre a políticos socialistas".