El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Nils Whal, ha dictaminado este jueves que el 'céntimo sanitario' —el impuesto sobre los carburantes que aplican algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinan a financiar la sanidad— vulnera la legislación comunitaria.

España podría tener que devolver 13.000 millones de euros, aunque el dictamen admite que se podrían limitar los efectos en el tiempo de la sentencia final. En nuestro país, el céntimo sanitario (o en menor cuantía) se aplica en 13 autonomías, sólo se salvan País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón.

El fallo del abogado general —que no es vinculante, pero resulta refrendando por el TUE en el 80% de los casos— responde a un litigio iniciado por una empresa de transporte establecida en Cataluña. La compañía solicitó que se le devolvieran los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal. El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha pedido a la justicia europea que se pronuncie.

El abogado general sostiene que el impuesto "es contario a la directiva sobre los impuestos especiales" porque no cumple los dos requisitos que exige la norma para este tipo de gravámenes.

En primer lugar, Whal asegura que el 'céntimo sanitario' no cumple el requisito relativo a la existencia de una finalidad específica no presupuestaria. Ello se debe, en particular, a que persigue el mismo objetivo que otro impuesto especial armonizado sobre hidrocarburos, que consiste en reducir los costes sanitarios y medioambientales provocados por el consumo de hidrocarburos. Pero además, no se ha demostrado que el impuesto esté concebido para incentivar el consumo de otro producto menos perjudicial.

En segundo lugar, el abogado general entiende que el 'céntimo sanitario'  no respeta el sistema general de los impuestos especiales o del IVA para la determinación del devengo. A diferencia del impuesto especial, que se devenga cuando el producto sale del último depósito fiscal, y del IVA, que es exigible en cada fase del proceso de producción y distribución, el 'céntimo sanitario' se devenga cuando los hidrocarburos se venden al consumidor.

En este asunto, España ha solicitado al Tribunal de Justicia que limite los efectos en el tiempo de la sentencia de ilegalizar el impuesto. En la práctica, esto significaría que la sentencia únicamente produciría efectos en el futuro y no afectaría a los impuestos recaudados en el pasado.

Sobre esta cuestión, el abogado general no es categórico. Por un lado, admite que no puede descartarse un riesgo de repercusiones económicas graves dadas las cantidades considerables reclamadas y la "situación económica precaria" que atraviesan actualmente España y sus comunidades autónomas.

Por otro lado, Whal destaca que cuando se creó el 'céntimo sanitario' el Tribunal de Justicia ya había dictado una sentencia sobre la no conformidad de un impuesto similar y por tanto no había "incertidumbre" sobre la aplicación del derecho comunitario.

"No puede descartarse categóricamente que el Tribunal de Justicia pudiera considerar limitar los efectos en el tiempo de una sentencia", apunta el dictamen. "Esto sería posible en determinadas circunstancias completamente excepcionales en las que la repercusión económica de la retroactividad sería especialmente grave", señala el abogado general.

No obstante, también indica que "España parece haber asumido deliberadamente el riesgo de seguir adelante con la legislación controvertida".

Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia definitiva se dictará en los próximos meses.

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, considera que los sucesivos gobiernos debían haber sido "más prudentes" con la aplicación del llamado "céntimo sanitario" ya que existían precedentes de sentencias europeas contrarias a la aplicación de este tipo impositivo a los hidrocarburos.

En rueda de prensa en el Congreso, Lara ha advertido que "se ha producido un daño al consumidor y también a nuestro mercado interior".